La relación entre el gobierno de Estados Unidos y una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del país entró en una nueva etapa de confrontación. Anthropic y el Departamento de Defensa se enfrentaron esta semana en un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. después de que el Pentágono incluyera a la compañía en una lista negra por considerarla un “riesgo para la cadena de suministro”.
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La disputa comenzó oficialmente en marzo, cuando Anthropic demandó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al Departamento de Defensa tras la designación que prácticamente prohíbe a contratistas militares utilizar los modelos de inteligencia artificial Claude en trabajos vinculados a las fuerzas armadas.
Lo más delicado del caso es que este tipo de clasificación históricamente ha sido utilizada contra adversarios extranjeros y amenazas vinculadas a seguridad nacional, no contra empresas tecnológicas estadounidenses.
Durante la audiencia, la jueza Karen Henderson cuestionó duramente la postura del Pentágono y afirmó que la medida parecía una “extralimitación espectacular”.
El conflicto surge después de meses de negociaciones fallidas entre Anthropic y el Departamento de Defensa. El Pentágono quería acceso irrestricto a los modelos de IA de la empresa para cualquier uso legal, mientras Anthropic buscaba garantías para evitar que su tecnología fuera utilizada en armas totalmente autónomas o vigilancia masiva interna.
Sharon Swingle, abogada del Departamento de Justicia, defendió la decisión argumentando que el gobierno necesitaba actuar rápidamente. “Esto sirvió para alertar a la gente de que debían actuar con la mayor rapidez posible”, afirmó durante la audiencia.
El gobierno sostiene además que Anthropic podría incorporar restricciones futuras dentro de sus modelos de IA y afectar operaciones militares críticas. “Anthropic tiene la capacidad técnica para interferir e incluso impedir el uso que hace el Departamento de Guerra de su modelo de IA”, aseguró Swingle.
Anthropic rechazó esas acusaciones. Su abogada, Kelly Dunbar, afirmó que el gobierno está utilizando indebidamente una herramienta de seguridad nacional para ganar ventaja en una disputa contractual. “Estamos tratando de asegurarnos de que el departamento no esté haciendo un mal uso de una designación de riesgo”, declaró.
Mientras el litigio avanza, el caso refleja una tensión mucho más grande: hasta dónde debe llegar el control del gobierno sobre la inteligencia artificial privada y qué límites tendrán las empresas tecnológicas cuando sus sistemas comiencen a utilizarse en operaciones militares y estratégicas.
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Pese al conflicto, Anthropic sigue creciendo rápidamente. La empresa ya genera cerca de $30 mil millones en ingresos anualizados y negocia nueva financiación que podría elevar su valoración hasta $900 mil millones, superando incluso a OpenAI.
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