Elon Musk ha desatado polémica al anunciar que los empleados federales deben detallar “qué hicieron” la última semana o enfrentar el riesgo de perder sus puestos.
“De acuerdo con las instrucciones del presidente [Trump], todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico en el que se les solicitará que expliquen qué hicieron la semana pasada. Si no responden, se considerará que han renunciado”, escribió Musk en X.
El mensaje, enviado a todas las agencias, a más de 2 millones de trabajadores, incluida la CIA, exigía que los empleados respondieran antes del lunes 24 de febrero de 2025 a las 11:59 p.m. con una lista de cinco logros semanales. Algunas agencias han bloqueado la instrucción. Kash Patel, nuevo director del FBI, ordenó a su equipo “pausar cualquier respuesta”. Un funcionario del Departamento de Justicia pidió a su personal esperar orientación antes de responder.
Everett Kelley, líder del sindicato de empleados federales, advirtió que “desafiaría cualquier despido ilegal”. Sean Keveney, funcionario del Departamento de Salud, criticó la medida: “Después de 70 horas de trabajo, me sentí insultado”.
Trump ha pedido a Musk ser “más agresivo” en la reestructuración gubernamental, pero la Casa Blanca aclaró que “no tiene autoridad real o formal”. Por ahora, el futuro de miles de empleados federales sigue en la incertidumbre.
El Pentágono y el Departamento de Justicia han ordenado a su personal ignorar el correo electrónico, citando preocupaciones legales y autonomía institucional. En contraste, el Departamento de Salud y Servicios Humanos validó la solicitud, mientras que la NASA aún elabora una guía para responder pero también instruye a sus funcionarios a no responder a la directiva. La orden de Musk, emitida a más de 2 millones de trabajadores, ha generado confusión, especialmente por su falta de sustento legal.
Musk afirmó en X que “no responder será tomado como una renuncia”, lo que desató preocupaciones sobre posibles violaciones éticas y legales. Funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que la solicitud podría ser ilegal, y el Departamento de Defensa reafirmó que solo sus propios procedimientos regulan la evaluación del personal. Además, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 800,000 trabajadores, exigió a la administración retractarse y a dar una disculpa pública.
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