El verano no solo traerá calor. Para millones de estadounidenses, también llegará con una carta que nadie quiere recibir.
Comienza la ofensiva federal contra la mora estudiantil
El gobierno de Donald Trump confirmó que reanudará los embargos salariales a partir de este verano como parte de su plan para recuperar préstamos estudiantiles impagos. Tras cuatro años de pausa durante la pandemia, el Departamento de Educación anunció que más de 5.3 millones de prestatarios recibirán notificaciones del Departamento del Tesoro con el aviso de que el cobro involuntario ha comenzado.
“Los prestatarios deberían pagar las deudas que contraen”, afirmó la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un video publicado en X.
El gobierno puede embargar hasta el 15% del salario disponible de los deudores, respetando un mínimo de $217.50 semanales. También se incautarán beneficios como el Seguro Social, siempre que el beneficiario reciba al menos $750 al mes. “A partir de junio, algunos verán descontados sus cheques de jubilación”, detalló el comunicado oficial.
Protestas y advertencias desde el otro frente
Críticos de la medida señalan que la mayoría de quienes caen en mora enfrentan verdaderas crisis financieras. “Las personas que incumplen con sus préstamos normalmente no pueden permitirse pagarlos”, dijo James Kvaal, exsubsecretario de Educación. Además, la medida revive un sistema que muchos consideran caótico, plagado de información confusa, altos costos y reglas que cambian constantemente.
Expertos como Mark Kantrowitz explicaron que los trabajadores autónomos no están sujetos a embargos automáticos, y quienes reciban aviso tendrán 30 días para solicitar una audiencia. También pueden impugnar si el embargo causa dificultades o si han estado desempleados recientemente.
Qué opciones tienen los prestatarios
El gobierno ofrece alternativas como planes de pago basados en ingresos, indulgencias o rehabilitación de préstamos. “Recomendamos pedir indulgencias retroactivas para cubrir pagos atrasados y evitar consecuencias inmediatas”, aconsejó Carolina Rodríguez, directora de un programa de asistencia en Nueva York.
Aunque el empleador no puede despedir a alguien por estar sujeto a embargo, este proceso marcará un cambio dramático. Con millones bajo presión, la política ya genera controversia nacional. Pero el mensaje de la administración es claro: se acabó la indulgencia.
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