En medio de una narrativa política centrada en el control migratorio, una nueva batalla legislativa liderada por el presidente Donald Trump y respaldada por el Partido Republicano amenaza con alterar drásticamente el acceso a los beneficios federales en Estados Unidos. Aunque presentada como una estrategia para frenar el “desperdicio de recursos ganados con esfuerzo por los contribuyentes”, sus impactos podrían golpear con fuerza a ciudadanos estadounidenses, especialmente a los más pequeños.
Niños en la línea de fuego
El proyecto de ley fiscal aprobado por la Cámara de Representantes, y aún en trámite en el Senado, incluye disposiciones que limitarían el acceso de inmigrantes a Medicaid, Medicare, el crédito tributario por hijos, ayuda financiera federal y más.
“En nombre de querer adoptar una postura política dura contra los inmigrantes, la realidad es que van a castigar a los ciudadanos y a otros inmigrantes que han sido elegibles en el pasado”, advirtió Shelby Gonzales, del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.
El cambio más impactante sería la exigencia de que ambos padres tengan número de Seguro Social para recibir el crédito tributario por hijos. Actualmente, si los hijos tienen número de Seguro Social, pueden acceder al beneficio aunque los padres solo tengan número de identificación fiscal. De aprobarse la reforma, unos 2 millones de niños perderían ese acceso, según el Comité Conjunto sobre Impuestos.
Una red que se tensa en todo el sistema
Las restricciones no se detienen ahí. Inmigrantes autorizados, como refugiados o personas bajo DACA, perderían acceso a subsidios de salud. Incluso los estados que usan fondos propios para brindar Medicaid a inmigrantes indocumentados podrían ser penalizados con recortes de 10 puntos porcentuales en sus reembolsos federales. Esto afectaría directamente a ciudadanos estadounidenses que comparten hogar con estos inmigrantes. “Tendrán que buscar otros programas, o simplemente recortar los fondos para los inmigrantes indocumentados, lo que tendrá un impacto en todos los miembros de esa familia”, explicó Wendy Cervantes, del Centro de Derecho y Política Social.
Además, se eliminaría el período de gracia para que solicitantes puedan acceder a Medicaid mientras verifican su estatus migratorio, lo que dejaría sin cobertura a personas que carecen de documentos inmediatos como pasaporte o acta de nacimiento. También quedarían excluidos del acceso a vivienda subsidiada y a programas de alimentos la mayoría de los inmigrantes no ciudadanos o sin residencia permanente.
Las consecuencias van más allá de lo económico
Expertos advierten que, aunque estos cambios no representarían grandes ahorros fiscales —pues los no ciudadanos reciben solo el 3,5% de la asistencia social—, su impacto social sería profundo. “El déficit presupuestario no se puede compensar expulsando a los no ciudadanos de las prestaciones sociales”, dijo Alex Nowrasteh, del Cato Institute. “Pero un dólar ahorrado es un dólar ahorrado”.
Las agencias federales ya han comenzado a aplicar estas políticas. El Departamento de Vivienda trabaja con Seguridad Nacional para evitar que los inmigrantes indocumentados accedan a viviendas subsidiadas. Según estimaciones anteriores, esta medida podría desplazar a más de 108.000 personas, incluidos 55.000 niños legalmente en el país.
El miedo como barrera invisible
Más allá de las leyes, el temor se convierte en una herramienta silenciosa. Valerie Lacarte, del Migration Policy Institute, señala que muchas familias evitarán inscribirse en beneficios por temor a represalias. “El discurso básicamente desalienta a las personas a usar los beneficios públicos”, afirmó.
Mientras tanto, las voces como la de Tanya Broder alertan sobre los riesgos: “Los niños de familias inmigrantes, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, se verían perjudicados tanto por la amenaza de separación familiar como por el riesgo de quedarse sin hogar”.
La ofensiva republicana no solo redefine el acceso a los beneficios, sino también el rostro de la desigualdad en Estados Unidos. En el afán de frenar la migración, el precio lo podrían pagar quienes nacieron en el país, pero comparten techo con alguien que no.
Mantente al día en la actualidad financiera conectándote a la señal en vivo de Comercio TV aquí.
