Un vuelo inesperado y una batalla legal sin precedentes están obligando a la administración Trump a retroceder en su política migratoria más agresiva hasta la fecha.
Una decisión judicial inédita
El ciudadano guatemalteco identificado como OCG, que había sido deportado primero a México y luego a Guatemala, fue traído de regreso a Estados Unidos este miércoles por orden de un juez federal. La medida representa la primera vez que la administración Trump accede a repatriar a un migrante tras una orden judicial en medio de su política de deportaciones rápidas.
El juez de distrito Brian Murphy dictaminó que la deportación de OCG probablemente “careció del debido proceso” y que enviarlo a México sin pasos adicionales era ilegal. Según documentos judiciales, OCG había reingresado a EE. UU. en 2024 y solicitó asilo luego de sufrir múltiples ataques violentos en Guatemala. Durante ese segundo viaje, declaró que fue violado y retenido en México, donde enfrentó condiciones extremas.
Acusaciones de violaciones al debido proceso
Los abogados de OCG afirman que nunca se le permitió hablar con un abogado antes de ser deportado y que tampoco tuvo oportunidad de expresar su temor de ser enviado a México. “Vivía escondido, en pánico constante y con miedo constante”, afirmó en su testimonio desde Guatemala.
El gobierno, que inicialmente aseguró que OCG no expresó temor a ser deportado, se retractó tras no poder identificar a ningún funcionario que corroborara dicha versión. El fallo de Murphy subrayó que un migrante no puede ser enviado a un tercer país sin cumplir con procedimientos específicos.
La postura de la administración Trump
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, criticó la decisión judicial: “Este juez federal activista nos ordenó traerlo de regreso para que tenga la oportunidad de demostrar por qué se le debe conceder asilo en un país con el que no tiene ninguna conexión previa”. Añadió que OCG “era un extranjero residente ilegal” y defendió su deportación original a México como una “tercera opción segura”.
La administración se encuentra en tensiones similares con otros jueces federales por casos paralelos en Maryland y otros estados. La jueza Stephanie Gallagher criticó la falta de acciones del gobierno para cumplir con su orden de retorno de un migrante venezolano deportado por error a El Salvador. Otra jueza, Paula Xinis, enfrenta resistencias del Departamento de Justicia en el caso de Kilmar Abrego García, también deportado por error.
Una política en jaque
La directora de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, Trina Realmuto, confirmó que OCG se encuentra ahora bajo custodia de ICE. Este caso, según defensores de derechos migratorios, podría abrir una nueva etapa de supervisión judicial sobre las deportaciones bajo la administración Trump, obligando al gobierno a rendir cuentas por cada expulsión que no respete las garantías legales básicas.
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