El mensaje llegó sin aviso previo. Para cientos de miles de inmigrantes, la notificación electrónica marcó el fin de una esperanza legal. Y el comienzo de un éxodo forzado.
Revocación masiva de estatus legal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este jueves el envío de notificaciones a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela informándoles que su estatus bajo el programa de ‘parole’ humanitario ha sido oficialmente cancelado.
En total, la medida afecta a más de 530,000 personas que habían ingresado legalmente a Estados Unidos gracias a la política establecida por el gobierno de Joe Biden en 2023. “Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado”, se lee en los correos enviados por el DHS. “Si no se va, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo, entre otras, la detención y la expulsión”.
Impacto inmediato: permisos de trabajo anulados
Los afectados perderán no solo su derecho a permanecer en el país, sino también sus permisos laborales. El aviso oficial ordena devolver esos documentos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, defendió la medida:
“Finalizar los programas de ‘parole’ humanitario, así como los permisos de quienes se aprovecharon de ellos, será un regreso necesario a políticas sensatas, un retorno a la seguridad pública y un retorno al principio de Estados Unidos Primero”.
Un programa en disputa desde su origen
El programa de ‘parole’ fue implementado por la administración Biden como una alternativa al cruce ilegal de fronteras, con el argumento de que reducía la migración irregular. Exigía verificación de antecedentes y un patrocinador en EE. UU. Sin embargo, desde el principio fue objeto de duras críticas por parte de líderes republicanos, quienes lo calificaron de abuso de autoridad ejecutiva.
Luz verde de la Corte Suprema y próximas deportaciones
Aunque varias cortes inferiores habían bloqueado temporalmente su eliminación, una decisión de emergencia de la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump avanzar con su revocación mientras continúa el litigio. Según argumentó el gobierno ante el tribunal, mantener el programa “trastocó políticas migratorias cruciales” y desmanteló “prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo”.
La notificación marca el inicio de una campaña nacional que busca acelerar deportaciones, con consecuencias sociales y humanas que ya preocupan a organizaciones de derechos civiles. Mientras tanto, cientos de miles de familias quedan atrapadas en la incertidumbre, esperando una salida… o una segunda oportunidad.
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