Una tragedia ocurrida el 12 de junio en Ahmedabad, donde un Boeing 787 de Air India se estrelló causando la muerte de 260 personas, ha encendido alertas en la aviación civil de India. A raíz del informe preliminar, las autoridades han exigido una revisión inmediata de los interruptores de combustible en los aviones Boeing 737 y 787 operativos en el país.
Según el informe, los interruptores de suministro de combustible del avión se apagaron segundos después del despegue, y aunque los pilotos los activaron nuevamente unos 10 segundos después, ya era demasiado tarde.
“Aportó mayor claridad y planteó nuevas preguntas”, escribió Campbell Wilson, CEO de Air India, en un comunicado a sus empleados. El mismo informe descartó fallos mecánicos o de mantenimiento, confirmando que todas las inspecciones requeridas estaban en regla.
La Dirección General de Aviación Civil ordenó completar las revisiones en una semana, subrayando que es una medida de seguridad “para garantizar la aeronavegabilidad continua”.
Aunque hasta ahora no se han identificado problemas estructurales en los modelos ni en los motores fabricados por GE Aerospace, la decisión de uno de los pilotos de cortar el suministro sin justificación sigue bajo investigación.
El informe ha generado inquietud internacional. Oman Air ya inspeccionó los interruptores de combustible en una docena de sus Boeing 787 y ahora revisa sus 737. Saudia también ha iniciado revisiones y aseguró haber cumplido todas las recomendaciones de Boeing. Por su parte, Royal Jordanian Airlines completó una inspección visual de sus unidades.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea, por ahora, no ha considerado necesario ordenar inspecciones obligatorias, pero el caso mantiene bajo vigilancia a la industria global.
Con la inspección urgente de los interruptores de combustible en los Boeing 737 y 787, las autoridades indias parecen buscar indicios de fallos sistemáticos o vulnerabilidades de diseño que podrían replicarse en otras aeronaves. Esperan descartar que el accidente haya sido resultado de un defecto técnico generalizado y, al mismo tiempo, verificar si existen riesgos latentes en la operación de cabina que puedan prevenirse. La rapidez exigida sugiere un intento de proteger la confianza pública y evitar una posible crisis de seguridad aérea vinculada al fabricante.
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