La indignación política estalló tras la sorpresiva detención de dos trabajadores que ayudaban a sofocar el incendio forestal más grande de Washington. La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando la representante Emily Randall denunció que se le prohibió entrar a las instalaciones de ICE en Tacoma, pese a que la ley permite a los miembros del Congreso supervisar esos centros. “Esta habría sido mi cuarta visita”, dijo la congresista, calificando lo sucedido como “repugnante”.
“Los dos individuos fueron arrestados y transportados a la estación de Bellingham por cargos de ingreso ilegal y por el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1326: Reingreso de extranjeros deportados”, se lee en un comunicado del jueves.
Choque entre autoridades y Congreso
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Randall no siguió “el protocolo adecuado” y la acusó de buscar “clics y 15 minutos de fama”. Pero la legisladora replicó que su visita se enmarcaba en las funciones de supervisión constitucional. Al mismo tiempo, el caso de los dos trabajadores ha generado críticas legales. Uno de ellos llevaba siete años esperando respuesta a una visa U, destinada a víctimas de delitos que colaboran con autoridades. “Es ilegal detener a personas que han solicitado beneficios migratorios basados en la condición de víctima”, advirtió el representante Shaun Scott.
Abogados denuncian irregularidades
El equipo legal que representa a uno de los hombres, incluido Stephen Manning de Innovation Law Lab, aseguró que la Patrulla Fronteriza ocultó el paradero del detenido, lo que bloqueó el acceso de su familia y defensores. Solo más tarde, un comunicado oficial reveló que ambos habían sido arrestados en Bellingham por “ingreso ilegal” y “reingreso de extranjeros deportados” bajo el Título 8 del Código de EE. UU. En respuesta, el DHS afirmó que “la respuesta de los bomberos se mantuvo ininterrumpida todo el tiempo” y que los hombres estaban cortando leña cuando fueron detenidos.
La empresa Table Rock Forestry, que había sido señalada en reportes iniciales, aclaró que “ninguno de nuestros empleados fue detenido” y que los contratos vigentes no han sido cancelados.
Para la comunidad latina en EE. UU., este episodio reaviva temores sobre la aplicación de políticas migratorias en contextos de emergencia. Muchos trabajadores hispanos participan en labores de alto riesgo, desde la agricultura hasta la lucha contra incendios, y casos como este refuerzan la percepción de vulnerabilidad pese a sus aportes directos a la seguridad y bienestar del país.
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