En Silicon Valley, los grandes pulsan un botón que no es de “me gusta”, sino de “reset”. Tras años de choques políticos, bloqueos y demandas, la relación entre plataformas y poder vuelve a moverse: pactos discretos, millones en juego y señales de que la moderación de contenidos entra en una nueva fase.
YouTube, propiedad de Alphabet, acordó pagar $24.5 millones para resolver la demanda que presentó Donald Trump después de su suspensión tras el 6 de enero de 2021. Con ello se convierte en la última de las tres grandes redes demandadas por el entonces presidente —tras Meta y Twitter, hoy X— en llegar a un arreglo por su expulsión de las plataformas. Del monto total, $22 millones saldrán para zanjar las reclamaciones canalizadas a través de la organización sin fines de lucro Trust for the National Mall, y otros $2.5 millones cubrirán a demandantes adicionales como la American Conservative Union, según consta en documentos judiciales a los que YouTube remitió cuando fue consultada.
Trump celebró el acuerdo en Truth Social: “Esta ENORME victoria demuestra que la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias”. Antes, Meta había pactado con Trump por $25 millones y la red social X por alrededor de $10 millones, de acuerdo con reportes de prensa.
Las tecnológicas justificaron en 2021 las suspensiones por riesgo de incitación a la violencia; múltiples expertos legales recordaron entonces que, como empresas privadas, tienen margen para gestionar sus servicios. No obstante, la pauta ha virado: desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero, X restableció su cuenta (tras la compra de Elon Musk en 2022), Meta la reactivó en febrero de 2023 y YouTube hizo lo propio en marzo.
La semana pasada, YouTube anunció que reactivará cuentas sancionadas bajo políticas ya retiradas contra la desinformación electoral de 2020 y subrayó que “valora las voces conservadoras” por su alcance en el debate cívico.
La “guerra cultural” digital no termina aquí, pero el mensaje es claro: acuerdos millonarios, normas más flexibles y una batalla abierta por el usuario premium de la política estadounidense. El árbitro, por ahora, vuelve a ser el mercado.
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