En Buenos días Wall Street se abrió un debate que va más allá de titulares: ¿puede Puerto Rico retomar su papel como plataforma farmacéutica clave para Estados Unidos?. La invitada, la licenciada Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y nueva colaboradora de Comercio TV, puso sobre la mesa un diagnóstico sin adornos y una hoja de ruta concreta.
Ramírez sostuvo que el clima político es propicio para el nearshoring y el re-enrutamiento de cadenas críticas, en sintonía con la política arancelaria de Washington. Pero advirtió que la competitividad no se decreta: se construye con reglas claras. Un paso clave, dijo, es la eliminación del impuesto al inventario —recogida en el Proyecto de la Cámara 420— que grava mercancías y maquinaria y desincentiva capacidad instalada. Con su firma, las empresas locales y las que lleguen tendrían mayor margen para producir y mantener stock estratégico.
La ejecutiva admitió que incentivos federales similares a los que desataron la era dorada manufacturera no se ve en el corto plazo, pero sí como posibilidad en el mediano, por la urgencia de Estados Unidos de asegurar insumos biofarmacéuticos sin depender de China. En paralelo, insistió, Puerto Rico debe acelerar su agenda doméstica: simplificación de permisos, estabilidad regulatoria y uso inteligente del Código de Incentivos (Ley 60 de 2019).
La infraestructura sigue siendo el talón de Aquiles tras el golpe del huracán María. Aun así, señaló señales de tracción: anuncios de expansión industrial, llegada de operadores logísticos y proyectos que prometen 750 empleos y una inversión de $650 millones. Puerto Rico aporta, además, un activo silencioso: talento. Sus universidades nutren de ingenieros y técnicos a un ecosistema que busca reactivación, siempre que exista un puente efectivo entre currículo y demanda empresarial.
Para frenar la crisis demográfica —el censo reflejó una merma cercana a 600,000 personas en 15 años— Ramírez llamó a una “ejecución” coordinada entre gobierno, empresas y sistema educativo. Si el marco fiscal acompaña y la infraestructura responde, la isla puede volver a ser sinónimo de confiabilidad farmacéutica “Made in USA”.
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