Una nueva guía del gobierno estadounidense disipó parte de la confusión generada en torno a la polémica tarifa impuesta por la administración de Donald Trump para las visas H-1B. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó el lunes que el pago de $100,000 se aplicará únicamente a quienes soliciten la visa desde el extranjero, dejando fuera a quienes ya residen en territorio estadounidense bajo otro tipo de permiso.
Con esta decisión, la medida no afectará a más de la mitad de los aspirantes, ya que en 2024 alrededor del 54% de las 141,000 visas H-1B fueron concedidas a personas que ya vivían en EE. UU. y solo cambiaron su estatus migratorio. Los empleadores deberán pagar la tarifa una vez que la visa sea aprobada, permitiendo al trabajador trasladarse al país.
La administración Trump había anunciado originalmente que la tarifa aplicaría a todos los nuevos solicitantes, excepto a los vinculados a sectores con exenciones especiales. El propósito declarado del plan es restringir el programa a “los mejores de los mejores”, reforzando la prioridad hacia el talento altamente calificado. Sin embargo, el anuncio provocó demandas de la Cámara de Comercio y de instituciones médicas y universitarias, que argumentan que el presidente excedió su autoridad al modificar un programa creado por el Congreso.
Analistas sostienen que la Casa Blanca utilizó facultades legales derivadas de las restricciones de viaje para imponer la nueva tarifa, aunque solo puede aplicarse a quienes no se encuentren en suelo estadounidense. “Tal vez querían una política más amplia, pero la ley simplemente no lo permite”, dijo Stuart Anderson, de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense.
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