La incertidumbre por el cierre del gobierno en Estados Unidos ha obligado a la administración del presidente Donald Trump a recurrir a medidas extraordinarias para mantener a flote uno de los programas sociales más importantes del país. Millones de familias dependen de estos recursos para cubrir sus necesidades básicas, mientras la tensión política por la financiación federal sigue en aumento.
Pagos parciales y recursos limitados
El gobierno informó el lunes a un juez federal en Rhode Island que utilizará $4,650 millones de un fondo de contingencia para cubrir únicamente el 50% de los beneficios normales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre. Este programa beneficia a cerca de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
La decisión, comunicada al juez Jack McConnell, rechazó la opción de realizar los pagos completos usando recursos del Programa de Nutrición Infantil, como había sugerido el tribunal. El fallo del juez, emitido el viernes, ya había dejado claro que el gobierno no podía suspender los beneficios del SNAP durante el cierre iniciado el 1 de octubre.
El Departamento de Agricultura (USDA) confirmó que cumplirá con su “obligación de gastar la totalidad de los fondos de contingencia del SNAP” y autorizó a los estados a iniciar los pagos tan pronto como se publiquen las tablas de distribución. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que los desembolsos podrían comenzar el miércoles.
Críticas a la Casa Blanca y tensión política
El grupo Democracy Forward, que impulsó la demanda contra el gobierno, cuestionó que la administración no haya liberado los fondos completos antes del lunes. “No debería ser necesaria una orden judicial para obligar a nuestro Presidente a proporcionar la nutrición esencial que el Congreso ha dejado claro que debe proporcionarse”, afirmó su directora ejecutiva, Skye Perryman.
Por su parte, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, criticó la demora y señaló que “estos fondos estuvieron disponibles todo este tiempo y el presidente podría haberlos utilizado para evitar que las familias estadounidenses pasaran hambre”.
El subsecretario adjunto del USDA, Patrick Penn, explicó que se descartó el uso de fondos del Programa de Nutrición Infantil porque “deben permanecer disponibles para garantizar el pleno funcionamiento de los programas escolares y de verano”.
El debate sobre el destino de los recursos alimentarios refleja la creciente tensión entre la administración Trump y los gobiernos estatales, mientras millones de familias aguardan por una ayuda que podría llegar reducida y con retraso.
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