El debate migratorio vuelve a tensar el escenario nacional mientras una decisión adoptada por California desencadena una serie de acusaciones políticas, revisiones regulatorias y advertencias federales sobre el futuro de miles de conductores comerciales. La medida llega en un momento marcado por auditorías, choques institucionales y presiones desde Washington.
Un conflicto que se intensifica
California anunció que revocará 17,000 licencias de conducir comerciales después de detectar que sus fechas de vencimiento no coincidían con el periodo en el que los conductores estaban autorizados para residir legalmente en Estados Unidos. La decisión respondió a críticas de la administración Trump por permitir licencias a personas en el país sin autorización.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó la medida como una admisión de fallos: “Tras semanas de negar su culpabilidad, Gavin Newsom y California han sido pillados con las manos en la masa”. Añadió que su equipo seguirá presionando para retirar a “todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”.
La oficina del gobernador Gavin Newsom sostuvo que los conductores afectados contaban con permisos de trabajo válidos y aclaró que las licencias se revocaron por incumplir la norma estatal que exige que su vencimiento coincida con el estatus migratorio informado al DMV. El portavoz Brandon Richards respondió con dureza a Duffy: “Una vez más, Sean ‘Road Rules’ Duffy no comparte la verdad”.
Nuevos requisitos y advertencias financieras
La tensión crece mientras Duffy impone restricciones más estrictas para emigrantes que buscan licencias comerciales. Las nuevas reglas requieren verificación migratoria en una base de datos federal y limitan la elegibilidad a solo tres tipos de visa: H-2A, H-2B y E-2. Bajo estos parámetros, solo 10,000 de los 200,000 extranjeros con licencia comercial podrían calificar en el futuro.
El secretario también retiró $40 millones en fondos federales alegando que California no cumple los requisitos de inglés para camioneros, y advirtió que revocará otros $160 millones si el estado no invalida “todas las licencias ilegales”. Aunque estas reglas no son retroactivas, los 17,000 conductores afectados fueron notificados de que sus licencias vencerán en 60 días.
Un patrón de accidentes y auditorías retrasadas
La preocupación federal aumentó tras varios accidentes mortales en Texas, Alabama y California, incluido uno en Florida vinculado a un conductor sin autorización migratoria. Duffy destacó que auditorías preliminares revelaron que 1 de cada 4 licencias revisadas en California nunca debió emitirse. Las revisiones en otros estados avanzan más lentamente debido al cierre del gobierno, pero el Departamento de Transporte instó a endurecer estándares de inmediato.
Frente a un escenario cargado de tensiones políticas y regulatorias, la disputa sobre estas licencias comerciales se ha convertido en un reflejo más del enfrentamiento entre California y Washington y de la lucha por definir quién establece los límites del sistema migratorio del país.
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