El mercado suele reaccionar con rapidez cuando una empresa tecnológica queda envuelta en dudas regulatorias, incluso antes de que existan conclusiones formales. En ocasiones, basta con un informe, una carta oficial o una declaración ambigua para alterar el ánimo de los inversionistas y abrir un nuevo frente de discusión sobre prácticas empresariales que hasta hace poco pasaban desapercibidas.
Las acciones de Instacart registraron una fuerte caída cercana al 7% en las operaciones extendidas del miércoles, luego de que se informara que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) inició una investigación sobre las prácticas de precios de la compañía, particularmente vinculadas a una herramienta basada en inteligencia artificial. Según Reuters, la agencia envió a la empresa una demanda de investigación civil, citando a fuentes anónimas familiarizadas con el proceso.
La FTC evitó confirmar directamente la pesquisa, pero dejó clara su preocupación. “La Comisión Federal de Comercio (FTC) tiene una política establecida de no hacer comentarios sobre ninguna investigación potencial o en curso”, señaló en un comunicado enviado a CNBC. Sin embargo, añadió que “como tantos estadounidenses, nos preocupa lo que hemos leído en la prensa sobre las supuestas prácticas de precios de Instacart”.
La inquietud se intensificó tras la publicación de un estudio reciente que mostró que los precios de productos idénticos en los mismos supermercados pueden variar alrededor de un 7% cuando se compran a través de Instacart, lo que podría traducirse en costos adicionales superiores a $1,000 al año para algunos clientes. La compañía respondió que “los minoristas determinan los precios que aparecen en la aplicación”.
Instacart defendió con firmeza su modelo. “Gran parte de lo que se ha informado ha distorsionado el funcionamiento de los precios en Instacart”, afirmó un portavoz por correo electrónico. Según la empresa, “nuestros socios minoristas controlan sus estrategias de precios” y las pruebas aplicadas “no son precios dinámicos ni de vigilancia”. El vocero recalcó que “los precios en Instacart no cambian en tiempo real” y que nunca se utilizan datos personales o de comportamiento para fijarlos, describiendo el sistema como “una forma de prueba A/B aleatoria”.
La polémica también llegó al Congreso. El representante demócrata por California, Robert García, envió una carta al director ejecutivo Chris Rogers solicitando explicaciones sobre el mecanismo de fijación de precios. “Es inconcebible que las corporaciones aumenten la presión financiera de los estadounidenses con precios algorítmicos y potencialmente de vigilancia”, escribió.
Más allá del impacto inmediato en la cotización bursátil, el episodio refleja un escrutinio cada vez mayor sobre el uso de inteligencia artificial en decisiones comerciales cotidianas y anticipa un debate más amplio sobre transparencia, regulación y confianza del consumidor en la economía digital.
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