Tres ingenieros residentes en San José fueron acusados por un gran jurado federal de sustraer información confidencial de Google y otras empresas tecnológicas, y transferirla presuntamente a Irán, según informaron fiscales del Distrito Norte de California.
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Los acusados —Samaneh Ghandali, de 41 años; su hermana Soroor Ghandali, de 32; y Mohammadjavad Khosravi, de 40— fueron arrestados y comparecieron ante un tribunal federal. Enfrentan cargos por conspiración para cometer robo de secretos comerciales, robo e intento de robo, así como obstrucción de la justicia. De ser hallados culpables, podrían recibir hasta 10 años de prisión por cada cargo relacionado con secretos comerciales y hasta 20 años por obstrucción, además de multas de hasta 250,000 dólares por cargo.
La acusación señala que los tres, ciudadanos iraníes, aprovecharon sus puestos en compañías tecnológicas dedicadas al desarrollo de procesadores móviles para acceder a cientos de archivos confidenciales, incluidos datos sobre seguridad y criptografía. Soroor permanecía en Estados Unidos con visa de estudiante; Samaneh se naturalizó estadounidense; y Khosravi, esposo de Samaneh, es residente permanente y habría servido previamente en el ejército iraní.
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Según el expediente judicial, Samaneh y Soroor trabajaron en Google antes de incorporarse a otra firma tecnológica no identificada en la acusación. Khosravi, por su parte, laboraba en una empresa descrita como desarrolladora de sistemas en chip (SoC), tecnología que integra componentes como procesadores gráficos y memoria en un solo semiconductor de bajo consumo. Entre los productos más conocidos de este segmento se encuentra la línea Snapdragon, ampliamente utilizada en teléfonos Android de gama alta.
Google indicó que detectó la actividad sospechosa mediante sus sistemas internos de monitoreo y que posteriormente notificó a las autoridades. La empresa afirmó que ha reforzado sus protocolos de seguridad, incluyendo restricciones de acceso a información sensible, autenticación de dos factores y seguimiento de transferencias de archivos hacia plataformas externas.
Las autoridades sostienen que los acusados habrían enviado los documentos a canales privados en plataformas de mensajería y luego copiado el material a dispositivos personales y, presuntamente, a Irán. También los acusan de intentar borrar rastros digitales, investigar la retención de registros de mensajes por parte de operadores móviles y fotografiar pantallas con información confidencial para evitar los sistemas de detección.
El caso se produce en un momento de creciente sensibilidad en torno a la protección de propiedad intelectual en el sector tecnológico, especialmente en áreas estratégicas como semiconductores y ciberseguridad. Silicon Valley concentra miles de empleos altamente especializados, incluidos muchos profesionales inmigrantes e hispanos que trabajan en ingeniería, programación y manufactura avanzada.
Para trabajadores y pequeños inversionistas en el sector tecnológico, procesos judiciales de este tipo suelen generar mayor escrutinio regulatorio y controles internos más estrictos, lo que puede traducirse en cambios en políticas de cumplimiento y contratación. En un contexto donde la industria de chips es clave para la economía estadounidense y para cadenas de suministro globales, la protección de secretos comerciales se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y estabilidad empresarial.
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