La administración Trump ha puesto en marcha una de las transformaciones más agresivas en la historia del programa de visas H-1B, orientada a reconfigurar la competitividad del mercado laboral tecnológico. Bajo la nueva normativa propuesta por el Departamento de Trabajo, las empresas que busquen contratar profesionales extranjeros altamente calificados enfrentarán la obligación de pagar salarios significativamente superiores a los actuales.
El ajuste proyectado establece que el salario mínimo para estos trabajadores deberá incrementarse entre un 21% y un 33%, una cifra que variará según el nivel de experiencia del postulante. Esta medida se presenta como el pilar de una iniciativa para disuadir a las grandes corporaciones de Silicon Valley y otros sectores de contratar ciudadanos extranjeros en lugar de estadounidenses.
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Mientras los gigantes tecnológicos insisten en que estas visas son herramientas críticas para paliar la escasez de talento especializado, los defensores de la reforma sostienen que el sistema se ha utilizado durante décadas para importar mano de obra de bajo coste, desplazando sistemáticamente a los profesionales locales mejor remunerados.
La reestructuración del programa no se detiene en el ámbito salarial, ya que la administración ha implementado barreras económicas sin precedentes que alteran el cálculo financiero de los patrocinadores.
En septiembre se anunció una nueva tarifa de $100 mil para la obtención de la visa H-1B, un salto monumental frente a los $215 que costaba anteriormente participar en la lotería. Aunque el gobierno ha aclarado que este cobro masivo se aplica únicamente a las nuevas solicitudes y no a las renovaciones de quienes ya residen en el país, el pánico inicial entre los titulares de visas refleja la incertidumbre que rodea a la seguridad jurídica del sector.
Además del factor económico, el sistema de sorteo anual que otorga 85,000 nuevas visas cada marzo ha sido modificado para dar prioridad a los candidatos con las ofertas salariales más altas. Este cambio busca asegurar que el limitado cupo de permisos sea aprovechado únicamente por el talento más exclusivo y mejor pagado, eliminando la ventaja competitiva de las empresas que basan su modelo en la reducción de costes operativos mediante la contratación de extranjeros.
Para los estudiantes internacionales graduados en universidades de Estados Unidos, el panorama se vuelve especialmente desafiante. Actualmente, casi la mitad de las visas anuales se destinan a estos jóvenes que buscan transitar desde sus estudios hacia la vida laboral y, eventualmente, hacia la residencia permanente.
Los críticos de la medida, como la National Foundation for American Policy, advierten que estas barreras podrían incentivar una fuga de cerebros hacia países con políticas migratorias más flexibles, perjudicando la hegemonía tecnológica de Estados Unidos a largo plazo.
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En la práctica, la propuesta actual recupera una iniciativa presentada al final del primer mandato de Trump que fue descartada durante la gestión de Biden, subrayando la intención de consolidar una política de “Estados Unidos primero” en la economía del conocimiento. Con el nuevo esquema de precios y salarios, la administración espera que las empresas realicen una inversión mucho más profunda en la formación y contratación de trabajadores nacionales, dejando la opción extranjera como un recurso de lujo y no como una norma operativa del sector.
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