La economía de Puerto Rico atraviesa un momento de alta tensión marcado por factores externos que están reconfigurando las decisiones empresariales. En cuestión de semanas, variables clave han alterado la estabilidad de costos y han obligado a múltiples sectores a replantear su operación.
El encarecimiento del combustible es uno de los detonantes más visibles. La gasolina ha subido más de 16 centavos en apenas 20 días, mientras el petróleo supera los $100 por barril y la inflación alcanza 2.3%, su nivel más alto en 19 meses. La licenciada Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, advierte que estos incrementos impactan con mayor intensidad en la isla debido a su alta dependencia de importaciones.
“Puerto Rico… depende de las importaciones en su consumo mayoritario”, explicó, señalando que cerca de 85% de los alimentos provienen del exterior. Este escenario genera un doble efecto: mayores costos de transporte y presión sobre la logística interna, afectando directamente a empresas y consumidores.
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¿Por qué el alza del combustible golpea más fuerte a la economía local?
El impacto no se limita al precio en estaciones de servicio. La subida del combustible repercute en toda la cadena productiva, desde el transporte marítimo hasta la distribución terrestre y aérea. Ramírez indicó que incluso el combustible para aviones ha alcanzado niveles inusuales, elevando costos en este sector clave. Esto obliga a las empresas aéreas a optimizar rutas, reducir márgenes y, en muchos casos, absorber costos que no pueden trasladar de inmediato al consumidor.
Sin embargo, esa presión comienza a trasladarse gradualmente a los precios finales. Sectores como alimentos, manufactura y construcción ya enfrentan incrementos que podrían intensificarse en los próximos meses. La comunidad se encuentra particularmente expuesta a estos ajustes, especialmente en negocios familiares con menor capacidad de absorción financiera.
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¿Son suficientes las medidas fiscales para aliviar a las empresas?
En paralelo, el debate legislativo se centra en aliviar la carga impositiva. El proyecto del Senado 865 busca eliminar el impuesto al inventario para pequeñas y medianas empresas con ingresos de hasta $5 millones. Aunque la medida es bien recibida, Ramírez considera que resulta parcial. “Apoyamos toda medida que sea reducción de impuestos… pero no elimina la totalidad del impuesto”, afirmó.
La Cámara de Comercio propone ampliar el alcance hasta empresas con ingresos de $10 millones, buscando mayor equidad dentro del ecosistema empresarial. Además, persisten desafíos estructurales. Entre tanto, la reforma del sistema de permisos avanza, pero aún no se ha presentado formalmente. Este cambio es considerado clave para agilizar inversiones y eliminar barreras que limitan el crecimiento económico.
En contraste, una reforma contributiva integral parece más lejana. Ramírez subraya que antes de implementarla es necesario ampliar la base tributaria y reducir la evasión fiscal, factores que condicionan la sostenibilidad del sistema.
El panorama económico de Puerto Rico se mantiene en equilibrio delicado, donde factores globales, decisiones locales y reformas pendientes definirán la capacidad de adaptación de sus empresas en un entorno cada vez más exigente.
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