El presidente Donald Trump retiró una demanda de $10,000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) luego de alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia para crear un fondo federal de $1,776 millones destinado a personas que aseguran haber sido víctimas de persecución política por parte del gobierno.
La decisión fue presentada el lunes ante una corte federal de Miami e incluye también el retiro de otras reclamaciones relacionadas con el allanamiento a Mar-a-Lago y las investigaciones sobre la presunta colusión con Rusia durante la campaña presidencial de 2016.
El nuevo programa, denominado “Fondo contra la Armamentización”, será financiado con recursos del fondo permanente utilizado por el gobierno federal para cubrir sentencias y acuerdos judiciales.
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El Departamento de Justicia defiende el acuerdo mientras aumentan las críticas políticas
El fiscal general interino Todd Blanche justificó la medida afirmando que “la maquinaria del gobierno nunca debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense”.
“Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la guerra jurídica y su instrumentalización puedan ser escuchadas y buscar reparación”, añadió Blanche en un comunicado oficial.
La administración Trump sostiene que el objetivo del fondo es compensar a personas que consideran haber sido investigadas o afectadas injustamente por agencias federales durante administraciones anteriores.
El caso original surgió después de que información fiscal de Trump fuera filtrada por el excontratista del IRS Charles Littlejohn entre 2019 y 2020. Trump argumentó que la divulgación de esos documentos formó parte de una campaña política en su contra.
Un portavoz del equipo legal del presidente declaró que “el presidente Trump, su familia, sus seguidores y un sinnúmero de otros patriotas de America First fueron blanco de ataques ilegales”.
El retiro de la demanda también evitó que una jueza federal evaluara si el caso tenía validez constitucional, dado que Trump actualmente encabeza el Poder Ejecutivo y el IRS responde a su propia administración.
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Demócratas denuncian un posible uso político de recursos públicos
La creación del fondo generó fuertes críticas de legisladores demócratas y grupos de ética gubernamental, que consideran que el acuerdo podría abrir la puerta al uso político del dinero de los contribuyentes.
La senadora Elizabeth Warren escribió en X que “Trump está un paso más cerca de crear un fondo discrecional gigante con el dinero de los contribuyentes para sus amigos de MAGA”.
“Esto es corrupción llevada al extremo”, agregó.
Donald Sherman, presidente del grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), calificó el acuerdo como “uno de los actos más corruptos de la historia estadounidense”.
“Mientras los estadounidenses luchan contra una crisis de asequibilidad, el presidente Trump planea usar casi $1,800 millones del dinero de los contribuyentes para pagar a sus amigos y aliados”, afirmó Sherman.
El senador Ron Wyden también cuestionó duramente el acuerdo y aseguró que el fondo podría convertirse en “el robo y abuso más descarado del dinero de los contribuyentes por parte de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos”.
La controversia vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre política, justicia y uso de recursos públicos en Washington. Para millones de contribuyentes, incluidos pequeños empresarios y trabajadores hispanos que enfrentan altos costos de vida y presión económica, el debate también reabre preguntas sobre cómo se administran los fondos federales y quién termina beneficiándose de ellos.
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