Miles de clientes de Krispy Kreme podrían ser elegibles para recibir compensaciones económicas después de un ciberataque ocurrido en 2024 que expuso información personal y financiera, incluyendo números de Seguro Social y datos bancarios.
La cadena de donas acordó pagar $1.6 millones para resolver una demanda colectiva que acusaba a la empresa de no proteger adecuadamente la información de sus clientes. Aunque Krispy Kreme negó haber cometido irregularidades, aceptó llegar a un acuerdo y reforzar sus sistemas de ciberseguridad.
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Las personas afectadas que puedan demostrar pérdidas financieras o fraude relacionado con la filtración podrían recibir hasta $3,500. Para ello deberán presentar documentación como extractos bancarios, recibos u otras pruebas que respalden el daño económico sufrido (vea la info completa en la web de la compañía aquí),
Quienes no hayan sufrido pérdidas directas también podrían recibir hasta $75 y un año gratuito de monitoreo de crédito y protección contra robo de identidad. El plazo para presentar reclamaciones vence el 22 de junio.
Según la información del acuerdo, los datos comprometidos incluyen nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social e información de acceso a cuentas financieras. La audiencia final para aprobar el acuerdo está programada para el 6 de julio.
El caso ocurre en medio de una creciente presión sobre empresas minoristas y cadenas de consumo por el manejo de datos personales. Recientemente, otras compañías como Trader Joe’s también enfrentaron demandas millonarias relacionadas con filtraciones y exposición de información de clientes.
Krispy Kreme opera más de 340 tiendas en Estados Unidos y mantiene una fuerte presencia en estados como California. La compañía, fundada en Carolina del Norte en 1937, sigue siendo una de las cadenas de donas más reconocidas del país.
Para muchos consumidores hispanos que utilizan aplicaciones de pago, programas de lealtad o tarjetas vinculadas a comercios frecuentes, este tipo de filtraciones vuelve a poner sobre la mesa la importancia de monitorear cuentas bancarias y revisar alertas de fraude, especialmente en un momento donde aumentan los ataques cibernéticos contra empresas de retail y alimentos.
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