Los supermercados subsidiados que propone el alcalde Zohran Mamdani se han convertido en uno de los debates económicos más intensos de Nueva York. El proyecto plantea abrir cinco supermercados, uno en cada condado, con descuentos de hasta 30% en frutas, carnes y otros productos básicos. Según la administración municipal, una familia podría ahorrar cerca de $90 al mes, equivalentes a aproximadamente $1,000 al año.
Sin embargo, críticos como el inversionista Kevin O’Leary advierten que un negocio cuyos márgenes de ganancia suelen ubicarse entre 2% y 3% difícilmente puede sostener descuentos de ese tamaño sin depender de subsidios públicos permanentes. La discusión ya no gira únicamente sobre alimentos más baratos, sino sobre quién terminará pagando esa diferencia.
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¿Cómo funcionaría el plan de supermercados subsidiados de Nueva York?
El proyecto contempla que la ciudad asuma costos como el alquiler, el mantenimiento y los impuestos sobre la propiedad, mientras un operador privado administraría el inventario, el personal y las relaciones con proveedores. Además, existiría un subsidio operativo destinado a financiar los descuentos ofrecidos a los consumidores.
El presupuesto inicial asciende a $70 millones, aunque esa cifra corresponde principalmente a la inversión para poner en marcha el programa y no necesariamente cubre las pérdidas operativas que podrían acumularse con el paso de los años. La primera tienda estaría ubicada en el Bronx y abriría hacia finales de 2027.
Economistas señalan que muchos gobiernos ya subsidian servicios como transporte, vivienda o salud por su impacto social. La gran incógnita es si operar supermercados públicos resulta la forma más eficiente de reducir el costo de la canasta básica o si ayudas directas al consumidor podrían generar un beneficio similar con un menor costo para los contribuyentes.
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¿Qué riesgos enfrentan las bodegas y pequeños supermercados?
Uno de los sectores más preocupados es el de las tradicionales bodegas de Nueva York. Estos pequeños comercios advierten que competir contra establecimientos que reciben subsidios públicos podría ser prácticamente imposible.
Las bodegas ya operan enfrentando elevados costos de alquiler, energía, salarios, seguros y transporte, además de márgenes muy reducidos. Si una tienda subsidiada ofrece precios que el comercio privado no puede igualar, muchos negocios familiares podrían perder clientes o incluso desaparecer.
Al mismo tiempo, cinco supermercados difícilmente transformarán por sí solos el sistema alimentario de una ciudad con millones de habitantes. Su impacto inicial sería principalmente local y podría servir como un programa piloto para evaluar demanda, logística y sostenibilidad financiera antes de considerar una expansión.
El éxito del proyecto dependerá de demostrar que puede reducir el costo de los alimentos sin generar una carga fiscal excesiva ni afectar el tejido comercial de los vecindarios que durante décadas han dependido de sus pequeños comerciantes.
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