Una coalición de 25 estados liderados por fiscales demócratas presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear los nuevos aranceles aplicados a productos importados de 60 socios comerciales, al considerar que el mandatario excedió su autoridad legal. El caso fue radicado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Los estados impugnan los aranceles de 10% y 12.5% impuestos a la mayoría de las importaciones de esos países, que representan 99.4% de las compras estadounidenses al exterior. Además de solicitar que los gravámenes sean declarados ilegales, buscan que el Gobierno reembolse los derechos ya pagados por empresas importadoras.
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¿Por qué 25 estados aseguran que los aranceles de Trump son ilegales?
La demanda sostiene que la administración utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para restablecer un esquema arancelario que, en esencia, reemplaza medidas previamente rechazadas por los tribunales bajo otras normas.
Según los demandantes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) aceleró investigaciones en apenas dos meses y medio sobre 60 economías, sin realizar consultas específicas por país ni justificar por qué aplicó tasas prácticamente uniformes a mercados con realidades muy distintas.
La Casa Blanca rechazó esas acusaciones y defendió que los aranceles buscan combatir prácticas comerciales desleales relacionadas con productos fabricados mediante trabajo forzoso, argumentando que la legislación vigente respalda plenamente la medida.
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¿Qué impacto económico tendría esta batalla judicial sobre empresas y consumidores?
Si el tribunal falla a favor de los estados, la administración podría verse obligada a suspender los aranceles y devolver miles de millones de dólares pagados por importadores, reduciendo parte de los costos que actualmente enfrentan las empresas estadounidenses.
Los fiscales también sostienen que los gravámenes terminarán elevando los precios de alimentos, materiales de construcción y artículos de consumo diario. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó los aranceles como “un impuesto para las familias trabajadoras”.
El caso adquiere especial relevancia porque llega después de que la Corte Suprema y otros tribunales limitaran anteriores intentos de la administración por mantener medidas comerciales similares. Además, se suma a otra demanda presentada por pequeñas empresas, lo que incrementa la presión legal sobre una de las principales herramientas comerciales de Trump y añade incertidumbre para compañías que dependen de cadenas globales de suministro, incluidos numerosos importadores y pequeños negocios hispanos en Estados Unidos.
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