El presidente Donald Trump criticó el nuevo impuesto de Nueva York sobre segundas residencias y aseguró que estudia si el gobierno federal tiene facultades legales para bloquearlo. La intervención llega mientras la medida enfrenta una disputa judicial y cuestionamientos sobre su impacto económico.
El impuesto, promovido por el alcalde Zohran Mamdani y respaldado por la gobernadora Kathy Hochul, aumentaría la carga fiscal sobre segundas propiedades valoradas desde $1 millón, aplicando tasas mayores conforme aumenta su valor.
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Mamdani había estimado inicialmente una recaudación de $500 millones, aunque el contralor de Nueva York, Mark Levine, redujo posteriormente la proyección a entre $340 millones y $380 millones.
Trump sostiene que el gravamen podría incentivar a propietarios adinerados a trasladarse hacia estados con menores impuestos, reduciendo eventualmente la recaudación. El presidente, nacido en Nueva York y residente de Florida desde 2019, calificó la iniciativa como perjudicial para la ciudad.
La controversia también alcanzó al sector empresarial. Ken Griffin, fundador de Citadel, había advertido sobre la posibilidad de trasladar operaciones a Miami. Sin embargo, Vornado indicó posteriormente que Griffin no había abandonado sus planes inmobiliarios en Nueva York.
La batalla ahora se desarrolla en los tribunales. Tres residentes demandaron a la ciudad después de que las autoridades distribuyeran información sobre propiedades y notificaran a unas 17,000 personas que podrían estar sujetas al impuesto.
El juez Wayne Ozzi bloqueó temporalmente nuevas acciones relacionadas con esas notificaciones. La administración de Mamdani respondió con una moción para apelar, lo que dejó temporalmente en suspenso los efectos de la orden.
El resultado tendrá implicaciones más allá del mercado inmobiliario de lujo. Una reducción de inversión o actividad inmobiliaria podría extenderse hacia construcción y servicios, sectores con elevada participación de trabajadores hispanos. Por otro lado, si la ciudad logra recaudar los ingresos previstos, Mamdani sostiene que los recursos financiarían escuelas, seguridad e infraestructura urbana.
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