La administración Trump propuso nuevas reglas para aumentar la transparencia sobre los ingredientes utilizados en alimentos vendidos en Estados Unidos, aunque volvió a retrasar una esperada definición federal de los alimentos ultraprocesados.
La propuesta exigiría que las empresas notifiquen a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cuando incorporen nuevas sustancias y expliquen por qué consideran que son seguras. Esa información también estaría disponible públicamente para consumidores y organizaciones de vigilancia.
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¿Qué cambiará la FDA en las reglas para nuevos ingredientes alimentarios?
El cambio busca aumentar la supervisión del sistema de sustancias “generalmente reconocidas como seguras”, conocido como GRAS. Actualmente, las compañías pueden determinar por cuenta propia que determinados ingredientes son seguros sin solicitar previamente una autorización de la FDA.
Sin embargo, la propuesta no elimina completamente esa posibilidad. Las empresas podrían comercializar un ingrediente antes de presentar la notificación, aunque aquellas que incumplan el requisito podrían recibir mayor escrutinio regulatorio.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., había ordenado en marzo de 2025 estudiar una reforma que eliminara la autocertificación empresarial. La propuesta presentada ahora no llega hasta ese punto.
Funcionarios de la FDA sostienen que impedir la comercialización de sustancias hasta obtener una autorización previa requeriría cambios legislativos aprobados por el Congreso.
Para las compañías alimentarias, mayores requisitos pueden traducirse en gastos adicionales de documentación, pruebas y cumplimiento. También podrían impulsar reformulaciones de productos si determinados ingredientes reciben mayor atención pública o regulatoria.
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¿Cuándo definirá Estados Unidos qué son los alimentos ultraprocesados?
La administración todavía no estableció una fecha. Kennedy había anticipado que la definición estaría disponible en abril de 2026, pero funcionarios indicaron que el borrador continúa bajo revisión de otras agencias federales.
La definición resulta relevante porque podría utilizarse posteriormente en etiquetas destinadas a ayudar a los consumidores a identificar alimentos ultraprocesados.
Los fabricantes se han resistido a una clasificación federal ante el temor de que estados individuales la utilicen para establecer restricciones, advertencias o prohibiciones adicionales.
Para hogares hispanos, especialmente aquellos que destinan una proporción importante de sus ingresos a alimentos, el debate tiene además una dimensión económica. Reformulaciones, nuevos controles o mayores costos regulatorios podrían eventualmente trasladarse a precios, aunque todavía no está claro cuál sería su impacto.
La asequibilidad de los alimentos ha sido precisamente una de las preocupaciones dentro de la Casa Blanca mientras evalúa ambas iniciativas.
El resultado representa así un avance más limitado que la reforma inicialmente planteada por Kennedy: aumenta la transparencia sobre los ingredientes, pero mantiene abierta la discusión sobre cuánto poder tendrá finalmente la FDA para controlar qué sustancias llegan al mercado.
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