La firma de consultoría no admitió responsabilidad, pero el acuerdo refuerza la ofensiva de la administración Trump contra programas de diversidad, equidad e inclusión entre contratistas del gobierno.
Deloitte acordó pagar casi $21.5 millones para resolver acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en decisiones laborales vinculadas a contratos federales.
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El gobierno sostuvo que la firma monitoreaba la diversidad dentro de sus unidades y establecía objetivos demográficos relacionados con raza y sexo que podían influir en contrataciones y ascensos. Deloitte negó las acusaciones y no admitió responsabilidad como parte del acuerdo.
El fiscal general adjunto Stanley Woodward defendió públicamente la actuación del Departamento de Justicia. “El mérito es lo que impulsa las oportunidades y los ascensos. No el sexo ni la raza de una persona”, afirmó Woodward, según el comunicado oficial citado en la información proporcionada.
El caso destaca por la estrategia jurídica utilizada. La administración Trump está recurriendo a la Ley de Reclamaciones Falsas, tradicionalmente empleada contra fraudes relacionados con programas federales como Medicare y Medicaid, para investigar las políticas laborales de contratistas gubernamentales.
La teoría del Departamento de Justicia sostiene que una empresa podría incurrir en fraude si certifica que cumple las normas federales contra la discriminación mientras aplica prácticas de contratación o promoción que toman en consideración características protegidas.
Deloitte afirmó que decidió resolver el caso para evitar los costos y las dificultades derivados de un litigio prolongado.
La ofensiva no se limita a esta firma. IBM acordó pagar $17 millones en abril para cerrar acusaciones similares, mientras Google y Verizon también han recibido solicitudes de información sobre sus programas laborales.
Para las grandes compañías que dependen de contratos federales, el mensaje financiero es relevante: las políticas DEI ya no representan únicamente un debate laboral o político, sino un riesgo potencial de cumplimiento, litigios y costos multimillonarios bajo la actual estrategia de aplicación de la ley federal.
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