Puerto Rico enfrenta dos frentes con potencial impacto directo sobre su economía. Por un lado, nuevas alegaciones rodean el contrato cancelado para generación temporera de energía; por otro, los aranceles pagados durante 2025 alcanzaron $919.7 millones, frente a $236.6 millones en 2024.
La Lic. Margaret Ramírez Báez, CEO de LegalmentePR, explicó en Comercio TV que ambas situaciones merecen atención por sus posibles consecuencias para las empresas, las finanzas públicas y los consumidores.
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¿Qué consecuencias puede tener la disputa por el contrato energético de Puerto Rico?
Power Expectations ha planteado alegaciones que incluyen posibles conflictos de interés y espionaje corporativo alrededor del proceso contractual. Ramírez Báez subrayó que estas acusaciones todavía deben demostrarse.
“Cuando uno hace alegaciones de esta índole, por ejemplo, la de espionaje corporativo, debe probarlo”, afirmó. Ese proceso podría requerir documentos, testigos y prueba pericial.
Sobre la representación de distintas entidades por un mismo bufete, aclaró que “eso de por sí no crea un conflicto de interés”. Será necesario determinar si existían posiciones adversas, si hubo divulgación adecuada y si información confidencial pudo perjudicar a alguna de las partes.
El caso resulta especialmente sensible porque involucra un contrato público. “Estamos hablando del dinero público”, enfatizó Ramírez Báez, quien considera necesario examinar qué controles existen para evitar situaciones similares.
La controversia, agregó, ya involucra “asuntos contractuales” y alegaciones relacionadas incluso con “delitos de cuello blanco”.
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¿Cómo terminarán afectando los aranceles de Puerto Rico a empresas y consumidores?
El segundo problema llega directamente al bolsillo. Según los datos discutidos durante la entrevista, Puerto Rico pagó aproximadamente $919.7 millones en aranceles durante 2025, casi cuatro veces los $236.6 millones del año anterior.
Ramírez Báez explicó que los importadores realizan inicialmente esos pagos, pero Puerto Rico mantiene una fuerte dependencia de productos procedentes del exterior.
Las empresas pueden intentar absorber una parte mediante ajustes logísticos o búsqueda de proveedores alternativos. Sin embargo, existe un límite: “Llega un momento en que no es posible y ese costo, evidentemente, como toda economía, termina pagándolo el consumidor”.
El impacto puede provocar además que las familias pospongan compras de automóviles, electrodomésticos y otros bienes no esenciales.
Para las pequeñas empresas, el desafío es mayor por la combinación de aranceles, impuestos e inventarios. Por eso recomienda monitorear continuamente los costos y buscar productos sustitutos.
“Las pequeñas y medianas empresas hacen un ejercicio titánico a la hora de comercializar sus bienes y servicios”, concluyó Ramírez Báez.
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