La terminación del contrato energético de hasta $5,887 millones, 400 megavatios y diez años abre interrogantes sobre cómo un acuerdo de esa magnitud logró superar múltiples niveles de evaluación antes de que la Junta de Supervisión Fiscal revocara su aprobación y la Autoridad de Energía Eléctrica notificara su terminación.
La licenciada Margaret Ramírez Báez, CEO de LegalmentePR, sostuvo en Comercio.TV que el caso exige cautela por el dinero público involucrado y la importancia de garantizar generación eléctrica. “No estamos hablando de un asunto menor”, afirmó.
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Ramírez Báez señaló que la evaluación debía determinar si las compañías participantes tenían “capacidad no solamente legal, sino también capacidad económica y capacidad operativa y técnica”. El proceso involucró entidades gubernamentales, empresas privadas y finalmente la Junta Fiscal.
Ante los intentos de deslindar responsabilidades, fue enfática: “Todos tienen la obligación de velar por el cumplimiento riguroso del debido proceso y de la debida diligencia interna”. También anticipó disputas entre agencias, compañías y el gobierno, con posibles reclamaciones por daños o dolo.
La controversia incluye versiones enfrentadas sobre la participación de Enchanted Rock. Power Expectations rechaza los señalamientos y asegura contar con acuerdos, firmas y comunicaciones que respaldan su posición. Para Ramírez Báez, corresponde “levantar un expediente completo” y exigir que cada alegación sea sustentada “con pruebas robustas y válidas”.
La abogada considera ampliamente probable que surjan litigios. Explicó que incluso un contrato multimillonario requiere elementos básicos: “que haya un consentimiento y que las partes tengan legitimidad para otorgarlo”. Por ello, deberá determinarse si existían autorizaciones corporativas válidas y si fueron verificadas directamente.
El impacto trasciende la disputa contractual. Puerto Rico continúa necesitando generación temporera para sostener su sistema eléctrico, un problema que afecta hogares y empresas, incluidos miles de negocios hispanos dependientes de un servicio estable.
Para evitar otro episodio similar, Ramírez Báez sostuvo que “no hay que inventarse las ruedas”, sino aplicar estrictamente los controles existentes. Antes de contratar, resumió, el gobierno debe comprobar tres elementos fundamentales: capacidad legal, económica y técnica.
“Puerto Rico necesita responder estas preguntas previamente a otorgar un contrato de esta naturaleza”, concluyó.
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