Puerto Rico intenta transformar uno de los obstáculos que durante años ha complicado el desarrollo económico de la isla: un sistema de permisos fragmentado, costoso y lento. La Junta de Supervisión Fiscal pidió al Ejecutivo y a la Legislatura trabajar conjuntamente en una reforma que aporte mayor certeza a ciudadanos, empresarios e inversionistas.
La Lic. Margaret Ramírez Báez, CEO de LegalmentePR, considera que la raíz del problema es doble: “Por un lado tenemos unas leyes que son ineficientes, pero por otro lado también tenemos un problema en la ejecución”.
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¿Por qué el sistema de permisos de Puerto Rico frena inversiones y aumenta los costos?
Ramírez Báez explica que actualmente existe “un sistema que es fragmentado a la enésima potencia”, obligando a ciudadanos y empresas a consultar diferentes legislaciones para determinar qué requisitos deben cumplir.
Esa complejidad genera incertidumbre y puede alterar completamente el presupuesto de una construcción, remodelación o negocio. “Cada vez que cambian las reglas, Puerto Rico echa un paso hacia atrás”, afirmó.
Los retrasos también tienen consecuencias económicas. Mientras una autorización permanece detenida, pueden aumentar materiales, alquileres, nómina y otros gastos. “Mientras más se demoran, más también se demora la apertura de los negocios, se demoran los inicios de las obras”, explicó.
Para la abogada, el gobierno debería facilitar la inversión y no convertirse en otro obstáculo. Un sistema que impide avanzar “me va a hacer perder dinero”, advirtió.
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¿Cómo podría una reforma acelerar los permisos y dar seguridad jurídica en Puerto Rico?
Una de las propuestas centrales consiste en crear un expediente digital único para cada proyecto, independientemente de si comienza en una agencia estatal o municipio.
Ramírez Báez lo describe como “la centralización para descentralizar”. Esa huella digital permitiría conocer dónde se encuentra cada solicitud, detectar “dónde es que ocurren esos cuellos de botella” e identificar responsabilidades cuando existan atrasos.
La especialista defiende consecuencias concretas cuando el ciudadano cumple todos los requisitos, pero la administración no responde dentro del plazo establecido. “Aquí el que no puede ser responsable y cargar con la carga es el que quiere colaborar en la función del gobierno de crear desarrollo económico”, sostuvo.
Incluso considera que, cumplidas todas las exigencias gubernamentales, determinadas demoras administrativas deberían desembocar en la aprobación del permiso.
La Junta también ofreció expertos y técnicos para trabajar con el Ejecutivo y la Legislatura antes de aprobar la reforma. Ramírez Báez ve favorable esa colaboración porque permitiría identificar previamente posibles conflictos con PROMESA y el plan fiscal.
“Estamos aquí para ayudarlos a que Puerto Rico pueda tener un proyecto que en consenso sea bueno para Puerto Rico”, resumió sobre el planteamiento.
Ahora la clave será convertir esa coordinación en resultados. La abogada espera que durante la actual sesión legislativa pueda aprobarse un sistema adecuado porque, advirtió, de lo contrario “se nos va la vida tratando de nadar en un mar que está a la deriva”.
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