En un movimiento sin precedentes, la administración de Donald Trump, con el respaldo de Elon Musk, ha cerrado abruptamente la sede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dejando en el limbo a miles de trabajadores y paralizando cruciales programas de asistencia en todo el mundo.
El lunes, los empleados de USAID recibieron un correo electrónico escueto que les informaba que no podían ingresar a sus oficinas en el edificio Ronald Reagan en Washington D.C. La orden provenía directamente de la cúpula de la agencia y tenía relación con la intervención del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk. Desde entonces, los teléfonos han dejado de sonar, los correos electrónicos han sido bloqueados y la incertidumbre ha sumido a la comunidad humanitaria en un estado de crisis.
La escena es apocalíptica: contratistas desconectados de sus cuentas, empleados sin acceso a sus documentos de trabajo y beneficiarios de ayuda internacional preguntándose si volverán a recibir alimentos y medicinas.
Mientras tanto, Musk, en su plataforma X, justificó la medida con una comparación perturbadora: “USAID no es una manzana con un gusano dentro, es solo una bola de gusanos. Hay que deshacerse de todo”.
Las consecuencias son devastadoras. Millones de personas en situación de vulnerabilidad dependen de los programas ahora suspendidos. El Congreso, en un intento desesperado, evalúa estrategias para frenar esta arremetida. Pero la gran pregunta persiste: ¿será este el primer paso para desmantelar más agencias esenciales bajo el pretexto de la “eficiencia”?
El cierre de USAID representa un giro drástico en la política exterior de Estados Unidos. Al eliminar una agencia clave para la asistencia internacional, la administración Trump prioriza una visión más aislacionista que podría debilitar la influencia global del país.
Además, la intervención de Musk en decisiones gubernamentales genera dudas sobre el rol de empresarios en la administración pública. Su creciente poder en la política despierta inquietudes sobre transparencia y posibles conflictos de interés en la toma de decisiones estratégicas.
