La administración Trump ha puesto en marcha lo que promete ser la “operación de deportación más grande” de la historia, involucrando a agencias federales como el IRS y explorando opciones tan extremas como enviar inmigrantes a la Bahía de Guantánamo.
El IRS investiga fraudes fiscales y delitos financieros, lo que explica por qué la administración actual estaría considerando utilizar a sus agentes para rastrear a inmigrantes indocumentados a través de documentos financieros, según los reportes recientes.
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solicitó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que reclute agentes del IRS para rastrear a inmigrantes con base a la información fiscal.
La infraestructura para la deportación masiva ya está en marcha. La administración ha transformado parte de Guantánamo en una “ciudad de tiendas de campaña”, según el New York Times, donde ya han sido enviados más de 30 inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal “Tren de Aragua”.
Además, Trump ordenó construir una nueva instalación capaz de albergar hasta 30,000 deportados, tras la saturación de los centros de detención en EE.UU. “Hemos realizado aproximadamente 6,000 arrestos desde que asumimos el cargo”, dijo el expresidente, asegurando que más de 1,000 personas fueron detenidas en un solo día.
El plan no solo implica detenciones masivas, sino también la subcontratación de cárceles extranjeras. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ofreció recibir deportados de cualquier nacionalidad, incluyendo criminales estadounidenses, a cambio de una tarifa.
“Sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para El Salvador”, declaró Bukele. En paralelo, Venezuela y Colombia han acordado aceptar vuelos de repatriación. “Estamos cooperando con la repatriación de los ciudadanos colombianos ilegales”, confirmó la administración Trump.
Las ciudades con políticas de refugio para inmigrantes están en la mira. El Departamento de Justicia demandó a Chicago e Illinois, alegando que sus leyes dificultan las deportaciones, y pidió bloquearlas en tribunales. Mientras tanto, ICE ha intensificado redadas en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Atlanta y Austin. “Se han ordenado entre 1,200 y 1,500 arrestos diarios”, según un informe del Washington Post, mientras agentes federales, incluidos el FBI y la Patrulla Fronteriza, coordinan operaciones masivas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que no habrá excepciones en la cacería de inmigrantes. La administración eliminó el estatus de protección temporal para 348,202 venezolanos, dándoles solo 60 días para abandonar el país o enfrentar la deportación. Además, el gobierno acabó con la prohibición de arrestos en iglesias, lo que llevó a grupos religiosos a demandar a la Casa Blanca. “Esta política disuade a los feligreses de asistir a los servicios”, denunció Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.
Mientras la Casa Blanca acelera las deportaciones, el Departamento de Defensa ya ha ordenado que inmigrantes detenidos sean alojados en la Base Espacial Buckley en Colorado.
Trump ha sugerido pagar a otros países para que mantengan presos estadounidenses y migrantes, reduciendo costos carcelarios. “Queremos que las personas que han sido arrestadas muchas veces salgan de nuestro país”, afirmó el expresidente. La maquinaria de deportación está en marcha, y sus efectos podrían redefinir el futuro de la inmigración en EE.UU.
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