Un juez federal bloqueó temporalmente el intento del presidente Donald Trump de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar inmigrantes, una normativa que solo ha sido utilizada en tiempos de guerra.
La decisión se produjo horas después de que Trump anunciara su implementación, pero no antes de que 261 personas fueran expulsadas a El Salvador, incluyendo 137 bajo esta ley, según fuentes del gobierno.
El fallo responde a una demanda presentada por cinco venezolanos detenidos en Texas y Nueva York, quienes argumentaron que la medida es ilegal, ya que la ley solo se ha usado en conflictos bélicos. La ACLU y Democracy Forward, que representan a los demandantes, señalaron que la invocación de esta norma es “totalmente ilegal”.
El juez James E. Boasberg impuso una restricción temporal de 14 días y amplió la protección a todos los inmigrantes en custodia que pudieran verse afectados. Mientras tanto, la administración Trump apeló el fallo, argumentando que la corte de Washington, D.C. no tiene jurisdicción sobre el caso y que varias deportaciones ya se habían ejecutado antes de la orden.
El caso ha generado una gran controversia política. La fiscal general Pam Bondi acusó al juez de “apoyar a terroristas”, mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ironizó en redes sociales sobre la tardanza del fallo. La Casa Blanca insiste en que la medida busca la seguridad nacional, aunque la demanda argumenta que la ley no puede aplicarse en ausencia de guerra.
La próxima audiencia está programada para el 21 de marzo, con un futuro incierto para esta polémica medida de Trump.
