La tensión política y económica en Washington suma un nuevo capítulo con una batalla legal que podría redefinir los límites del poder presidencial. Donald Trump decidió apelar la orden que le impide destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo la independencia del banco central.
La jueza Jia Cobb había advertido que “el interés público en la independencia de la Reserva Federal pesa a favor de la restitución de Cook”, dejando claro que los gobernadores solo pueden ser removidos “por causa” legal, según la Ley de la Reserva Federal. Cook, primera mujer negra en ocupar ese puesto, asegura que nunca cometió irregularidades y que el verdadero trasfondo es la presión de Trump para forzar recortes agresivos en las tasas de interés.
El presidente, sin embargo, insiste en que las acusaciones de fraude hipotecario lanzadas por Bill Pulte justifican su decisión de despedirla. Los abogados de Cook califican este argumento de “pretexto” para tomar control de la Fed, donde Trump ya ha designado a dos de los siete gobernadores.
En paralelo, el Comité Bancario del Senado, dividido por líneas partidarias, recomendó avanzar en la confirmación de Stephen Miran como nuevo gobernador, tras la renuncia inesperada de Adriana Kugler. Si Cook fuera finalmente apartada, Trump tendría la posibilidad de nombrar a la mayoría de la junta directiva del banco central.
El pulso entre la Casa Blanca y la FED no solo marca un choque institucional, sino que podría alterar decisiones clave sobre las tasas de interés que afectan directamente a millones de familias, incluidas las latinas en EE. UU., que dependen del crédito para vivienda, educación o pequeños negocios.
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