La compañía más grande del comercio electrónico mundial se vio obligada a ceder tras apenas tres días de juicio en Seattle. El acuerdo alcanzado sorprendió no solo por la magnitud de la cifra, sino también por las acusaciones que la Comisión Federal de Comercio (FTC) venía sosteniendo desde hace más de un año.
Según la demanda, Amazon habría inducido a “decenas de millones de clientes” a pagar por suscripciones Prime no deseadas y, al mismo tiempo, entorpecido los intentos de cancelación. El regulador sostuvo que este comportamiento violaba la confianza de los consumidores y colocaba a tres altos ejecutivos en riesgo de responsabilidad personal.
La solución fue contundente: un desembolso total de $2,500 millones. De esa suma, $1,000 millones corresponden a multa civil directa y otros $1,500 millones serán destinados a reembolsos para unos 35 millones de clientes que se vieron atrapados en lo que la FTC llamó “inscripciones Prime no deseadas o cancelaciones diferidas”.
Andrew Ferguson, presidente del organismo, celebró el desenlace como una “victoria monumental”, asegurando que “la FTC de Trump-Vance se compromete a luchar cuando las empresas intentan engañar a los estadounidenses comunes y corrientes para quedarse con sus salarios duramente ganados”.
Amazon, por su parte, evitó admitir culpa. Su portavoz, Mark Blafkin, declaró que la empresa y sus ejecutivos “siempre han cumplido la ley” y que el acuerdo “nos permite avanzar y centrarnos en innovar para los clientes”.
El golpe económico parece menor frente a la capitalización bursátil de Amazon, cercana a los $2.4 billones, aunque se suma a la presión legal que enfrenta por acusaciones de monopolio en el comercio electrónico. Mientras tanto, el programa Prime, que cuesta $139 anuales y supera los 200 millones de miembros, sigue siendo uno de los motores más rentables de la empresa.
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