El cierre del gobierno federal en Washington D.C. no solo paralizó oficinas, también encendió una batalla política con tintes energéticos. La administración de Donald Trump, en su primera jornada bajo la nueva parálisis presupuestaria, anunció la cancelación de más de 300 proyectos ecológicos financiados por el Departamento de Energía, golpeando directamente a 16 estados que votaron por Kamala Harris en 2024.
Según datos oficiales, la decisión supone la eliminación de casi $8,000 millones en subvenciones que habrían impulsado más de 200 proyectos de energía limpia, desde infraestructura de hidrógeno hasta fábricas de cemento con bajas emisiones. Analistas advierten que la medida podría costar decenas de miles de empleos y frenar los esfuerzos por reducir la contaminación y fortalecer la red eléctrica nacional.
“Esto va más allá de atacar a los estados demócratas. Es una bola de demolición para las familias trabajadoras”, acusó Chuck Schumer, senador por Nueva York, quien criticó a Trump por usar el cierre como arma política. Desde el Departamento de Energía, el secretario Chris Wright defendió la decisión alegando que las adjudicaciones “no avanzaban adecuadamente las necesidades energéticas de la nación y no garantizaban un retorno positivo para los contribuyentes”.
Entre los recortes destacan $1,200 millones retirados al programa ARCHES en California, destinado a crear una red de hidrógeno renovable que, según su directora, Angelina Galiteva, habría generado 220,000 empleos. En Washington, el gobernador Bob Ferguson calificó de “indignante” la suspensión de $1,100 millones para el Pacific Northwest Hydrogen Hub, proyecto clave para el desarrollo energético de la región.
Críticos acusan al gobierno de seleccionar recortes con motivaciones políticas, ya que ninguno de los proyectos afectados se ubica en estados ganados por Trump. “Estos programas no son opcionales; están consagrados en la ley y reflejan la voluntad del Congreso”, señalaron legisladores demócratas en una carta de protesta.
Para muchos, el cierre del grifo verde marca un retroceso en la innovación energética y deja a miles de trabajadores sin esperanza de empleo en industrias que habían prometido un futuro más limpio y competitivo para Estados Unidos.
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