En Buenos Días Wall Street, Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, expuso cómo el cierre del gobierno en Washington y disputas fiscales internas colocan a la isla ante semanas decisivas. La conversación giró en torno a tres ejes: el impacto inmediato del “shutdown”, la parálisis por el impuesto al inventario y la urgencia de una reforma contributiva más amplia.
Ramírez recordó que el cierre del gobierno de EE. UU. ya se está cerca de alcanzar un mes y Puerto Rico sufre el golpe directo: alrededor de 20,000 empleados federales en la isla enfrentan retrasos en sus pagos e incertidumbre, lo que enfría el consumo y la recaudación.
El turismo también resentirá la pausa, pues atractivos icónicos bajo custodia federal —como El Morro, San Cristóbal o El Yunque— requieren fondos y personal para operar sin interrupciones. A ello se suma la reconstrucción tras el huracán María: contratistas que dependen de reembolsos federales podrían encontrar cuellos de botella, ralentizando proyectos clave.
La fragilidad social es otro frente. Cerca de 1.2 millones de residentes dependen del PAN; si los desembolsos se atrasan, el gobierno local deberá “raspar la olla” para sostener la ayuda. De ahí el llamado a acelerar la transición de NAP a SNAP, que daría más estabilidad ante futuros cierres.
En el plano interno, el proyecto 420 —congelar por 3 años el impuesto al inventario con miras a su eliminación— concentra la pelea política. El sector privado lo ve como condición para mejorar el abasto (en una economía que importa más de 90% de lo que consume) y bajar costos; alcaldías advierten por el vacío de ingresos si no hay sustituto. La legislatura aprobó la congelación, pero la decisión final recae en la gobernadora, con plazo hasta este jueves. El empresariado pide, además, una reforma tributaria integral: simplificación de planillas, reglas uniformes municipales (vía SURI) y alivio real a pymes y contribuyentes.
Con un Congreso federal dividido y huracanes cada temporada, Ramírez resumió la hoja de ruta: disciplina fiscal, eficiencia municipal y decisiones rápidas para que la economía no se pare.
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