La tensión política que paralizó durante semanas al gobierno federal parece encaminarse a su fin. Tras más de un mes de negociaciones, los senadores lograron un acuerdo que busca restaurar el funcionamiento del Estado y aliviar el impacto económico y social que dejó el cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos.
El Senado aprobó el lunes por la noche el proyecto de ley con 60 votos a favor y 40 en contra, gracias al respaldo de casi todos los republicanos y un pequeño grupo de demócratas. La medida financiará al gobierno federal hasta finales de enero y ahora pasará a la Cámara de Representantes. Si obtiene el visto bueno, el texto será enviado al presidente Donald Trump, quien confirmó que apoya el acuerdo alcanzado tras casi seis semanas de cierre.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pidió a los legisladores republicanos viajar a Washington, D.C., para votar el miércoles a las 4 p.m. ET. Sin embargo, evitó comprometerse con la exigencia clave de los demócratas: una votación separada en diciembre sobre la extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que benefician a más de 20 millones de estadounidenses. “No me comprometo ni no me comprometo”, declaró Johnson a CNN, dejando abierta la posibilidad de nuevas disputas.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó duramente que el acuerdo no garantice la continuidad de los subsidios hasta 2026, advirtiendo que sin ellos muchos ciudadanos enfrentarán aumentos significativos en sus seguros de salud.
El texto aprobado contempla revertir todos los despidos federales ocasionados por el cierre y asegurar el pago completo de los salarios atrasados a los trabajadores públicos. Además, incluye un proceso presupuestario bipartidista y bloquea el uso de resoluciones de continuidad por parte de la Casa Blanca, una práctica criticada por evitar decisiones de largo plazo.
El proyecto también mantiene la financiación del programa SNAP, que brinda asistencia alimentaria a 42 millones de personas, asegurando su cobertura hasta septiembre.
Este paso legislativo marca una tregua en el prolongado pulso político, pero también abre un nuevo capítulo en las negociaciones sobre el futuro financiero y social del país.
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