La tensión en torno a los aranceles impuestos por el gobierno federal alcanzó un nuevo punto de fricción con una demanda presentada por uno de los minoristas más grandes del país. En un escenario en el que el impacto económico y la autoridad presidencial se encuentran bajo escrutinio judicial, una empresa busca asegurarse un resguardo financiero ante lo que podría convertirse en un fallo histórico.
Costco demandó a la administración Trump con el objetivo de recuperar el dinero que ya pagó por los nuevos aranceles impuestos este año y frenar la continuidad de esos cobros mientras la Corte Suprema decide su legalidad. La compañía advirtió que corre el riesgo de perder los montos abonados incluso si el tribunal confirma decisiones previas que declararon que el presidente Donald Trump no tenía facultades legales para aplicar esos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La fecha límite del 15 de diciembre complica aún más su posición, pues podría impedir el reembolso de tarifas ya liquidadas.
La demanda, presentada en el Tribunal de Comercio Internacional, sostiene que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó la solicitud de extender esa fecha clave. Costco afirmó que “esta acción separada es necesaria” porque, aun si la Corte Suprema determina que los aranceles fueron ilegales, los importadores no tienen garantizado un reembolso sin un proceso judicial propio. El documento añade que tanto ese tribunal como el Circuito Federal han advertido que un importador podría perder el derecho a recuperar derechos liquidados, incluso si luego se demuestra su ilegalidad.
El caso forma parte de una ola de demandas similares impulsadas por empresas que buscan proteger su derecho a reembolsos potenciales ante los llamados aranceles recíprocos y los aranceles al fentanilo impuestos a productos de Canadá, China y México. En agosto, el Circuito Federal sostuvo que Trump no tenía autoridad para imponerlos, afirmando que “los aranceles son una facultad fundamental del Congreso”.
La Casa Blanca, mediante su portavoz Kush Desai, aseguró que “las consecuencias económicas de no cumplir con los aranceles legales del presidente Trump son enormes”, y dijo esperar que la Corte Suprema resuelva el caso “rápida y adecuadamente”.
El litigio subraya el choque entre decisiones ejecutivas, límites constitucionales y el creciente costo que los aranceles representan para grandes importadores, en un momento en el que cada fallo podría redefinir el alcance del poder presidencial en materia comercial.
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