California perderá $160 millones en fondos federales tras retrasar la revocación de 17,000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes, anunciaron el miércoles funcionarios federales de transporte.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ya había retenido previamente $40 millones al argumentar que el estado no estaba haciendo cumplir los requisitos federales de dominio del inglés para camioneros. “Nuestras demandas eran sencillas: cumplir las normas, revocar las licencias emitidas ilegalmente… y arreglar el sistema para que esto no vuelva a suceder”, afirmó Duffy, acusando al gobernador Gavin Newsom de “priorizar las necesidades de los inmigrantes ilegales por encima de la seguridad del pueblo estadounidense”.
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Auditorías federales y un plazo que no se cumplió
El conflicto se remonta a una auditoría federal que detectó irregularidades graves en el sistema de licencias comerciales de California. Entre los hallazgos figuraban licencias que seguían vigentes mucho después de expirar las visas de los conductores, así como permisos otorgados a ciudadanos de México y Canadá que no cumplían los requisitos. Más de una cuarta parte de la muestra revisada fue considerada ilegal. El estado notificó en otoño que revocaría esos permisos, lo que llevó al Departamento de Transporte a retirar temporalmente la amenaza de sanciones.
Sin embargo, la semana pasada California anunció que postergaría las revocaciones hasta marzo, tras una demanda presentada por grupos de inmigrantes que alegan persecución injusta. Duffy respondió exigiendo que las licencias fueran anuladas a más tardar el lunes.
El administrador de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas, Derek Barrs, sostuvo que el estado incumplió su promesa de noviembre de revocar todos los permisos defectuosos antes del 5 de enero y criticó el retraso adicional de unas 4,700 licencias descubiertas posteriormente. “No aceptaremos un plan correctivo que deje a sabiendas a miles de conductores… al volante de camiones de 80,000 libras”, dijo Barrs.
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Seguridad vial, presión política y reacción del sector
La ofensiva federal se intensificó tras varios accidentes mortales. Uno de ellos ocurrió en Florida en agosto, cuando un camionero sin autorización migratoria realizó un giro ilegal que causó la muerte de tres personas. Ese caso reforzó la postura de Washington y amplió la presión a otros estados como New York, Texas y Colorado.
Los grupos del sector camionero respaldaron las medidas. Todd Spencer, presidente de la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores, afirmó que “durante demasiado tiempo, las lagunas legales… han permitido que conductores no calificados circulen por nuestras carreteras”. En contraste, organizaciones como la Coalición Sij y el Caucus Jurídico Asiático denunciaron que los camioneros inmigrantes están siendo señalados injustamente, subrayando que los inmigrantes representan cerca del 20% de los conductores de camiones, aunque solo alrededor del 5% de las licencias comerciales corresponden a no residentes.
El pulso entre California y el gobierno federal deja claro que el debate no se limita a fondos o trámites, sino que refleja una disputa más profunda sobre cómo equilibrar seguridad, derechos civiles y política migratoria en uno de los sistemas de transporte más grandes del país.
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