Puerto Rico enfrenta un momento decisivo para su economía. La estabilidad del sistema eléctrico, la reforma contributiva y las señales mixtas entre inversión y consumo están marcando el debate empresarial en la isla. La Lcda. Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, explicó que estos temas deben atenderse con urgencia para impulsar un desarrollo económico real.
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¿Por qué la energía sigue siendo clave para la economía?
Ramírez Báez fue directa al señalar que “los asuntos de energía son de vital importancia” cuando se habla de desarrollo económico y empresarismo. Aunque existe una disputa legal entre el gobierno y LUMA, aclaró que el contrato vigente “mantiene su total vigencia”, por lo que debe esperarse continuidad del servicio.
En palabras simples, el pleito legal no debería detener el mantenimiento ni la modernización de la red eléctrica. La entrevistada advirtió que “los asuntos litigiosos no pueden entorpecer bajo ningún concepto” las reparaciones ni el uso de fondos federales destinados al sistema.
También explicó que Puerto Rico todavía arrastra daños estructurales desde los huracanes Irma y María. Por eso insistió en que la isla necesita un sistema “moderno” y “resiliente”, capaz de resistir nuevos eventos naturales.
Sobre un posible cambio de operador, Ramírez Báez sostuvo que Puerto Rico “no debe volver atrás” ni regresar a un modelo administrado directamente por el Estado. A su juicio, cualquier transición debe ser transparente, competitiva y con empresas con experiencia real.
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Reforma contributiva, consumo e inversión: señales mixtas
En el tema contributivo, la Junta de Supervisión aprobó un alivio único de aproximadamente $554 millones, que podría beneficiar entre 600,000 y 700,000 contribuyentes. Para Ramírez Báez, “todo dinero extra que tenga el consumidor en el bolsillo es un alivio”, pero aclaró que se trata de una ayuda provisional.
La solución de fondo, según explicó, debe ser una reforma contributiva permanente. Esa reforma debería incluir “claridad y certeza”, ampliar la base contributiva, mejorar la fiscalización, bajar tasas y eliminar impuestos que considera dañinos, como el impuesto al inventario.
La entrevistada recordó que Puerto Rico mantiene una tasa contributiva corporativa de 37.5% y una tasa personal de 33%, niveles que, según ella, reducen competitividad y afectan la inversión.
La economía también muestra contrastes. Por un lado, AMGEN anunció una inversión adicional de $300 millones en el municipio de Juncos, dentro de un compromiso total de $650 millones y 750 empleos. Esto confirma que Puerto Rico sigue siendo atractivo para manufactura médica.
Pero, por otro lado, las ventas de autos nuevos cayeron 27.8% en abril. Ramírez Báez explicó que esto refleja consumidores más cautelosos ante tasas altas, inflación sostenida y preocupación económica.
El mensaje es claro: Puerto Rico tiene capacidad para atraer inversión, pero necesita energía confiable, impuestos más simples y reglas estables para que el crecimiento llegue también al bolsillo del consumidor.
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