Las declaraciones de impuestos federales de Donald Trump, su familia y empresas afiliadas quedaron protegidas de posibles acciones del IRS como parte del polémico acuerdo de $1,800 millones alcanzado entre el Departamento de Justicia y el presidente estadounidense.
Un nuevo documento revelado el martes muestra que el acuerdo impide al gobierno federal continuar o iniciar determinadas reclamaciones vinculadas a declaraciones fiscales presentadas antes de la entrada en vigor del pacto. La protección también se extiende a fideicomisos, subsidiarias y entidades relacionadas con la Organización Trump.
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La disposición forma parte del acuerdo mediante el cual Trump retiró una demanda de $10,000 millones contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos ocurrida entre 2019 y 2020.
El documento fue firmado por el fiscal general interino Todd Blanche, exabogado defensor penal de Trump, y ha provocado fuertes cuestionamientos por parte de legisladores demócratas.
El senador Ron Wyden afirmó que la medida viola la ley federal que prohíbe interferir políticamente en auditorías fiscales. “Los demócratas van a combatir cada aspecto de este acuerdo fraudulento”, declaró el legislador de Oregón. Wyden agregó que “la familia Trump no está por encima de la ley, digan lo que digan Trump o su abogado personal”.
El acuerdo también creó el llamado “Fondo contra la Armamentización”, diseñado para compensar a personas que alegan haber sido perseguidas políticamente durante la administración Biden. Críticos del acuerdo sostienen que el fondo podría beneficiar a aliados de Trump, incluidos participantes condenados por los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Durante una audiencia en el Senado, Blanche no descartó públicamente que algunas personas condenadas por atacar agentes de policía durante esos disturbios pudieran recibir compensación.
El Departamento de Justicia defendió el alcance del acuerdo y explicó que “como es habitual en los acuerdos, ambas partes han renunciado a diversas reclamaciones que se presentaron o podrían haberse presentado”.
La controversia aumenta la tensión política en Washington y reabre el debate sobre el uso del poder ejecutivo y la independencia de las instituciones federales. Para muchos contribuyentes y pequeños empresarios en Estados Unidos, incluidos miles de hispanos que enfrentan estrictas auditorías y obligaciones fiscales, el caso también genera cuestionamientos sobre si las reglas tributarias se aplican de manera uniforme para todos.
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