La legislatura de Florida, dominada por los republicanos, está a punto de aprobar una ley que endurecerá drásticamente las sanciones para los inmigrantes sin estatus legal permanente que sean sorprendidos conduciendo sin licencia. Esta medida, que ha generado un intenso debate, podría imponer hasta cinco años de prisión a los reincidentes.
El proyecto de ley (SB 2-C o HB 1-C) convertirá la conducción sin licencia en un delito menor de primer grado, castigado con multas de hasta $1,000 o un año de prisión. Sin embargo, quienes reincidan enfrentarán un delito grave de tercer grado, lo que conllevaría multas de hasta $5,000 y penas de hasta cinco años tras las rejas.
El senador demócrata de Orlando, Carlos Guillermo Smith, advirtió sobre las graves repercusiones de esta legislación. “El transporte público es prácticamente inexistente”, declaró. “No tenemos un sistema de autobuses que funcione en Florida Central. Es extremadamente difícil desplazarse sin un vehículo propio”, agregó, señalando que muchas familias se verán obligadas a asumir costos adicionales en transporte compartido.
Las estadísticas respaldan sus afirmaciones: mientras que en Nueva York los pasajeros recorren en promedio 166 millas per cápita en transporte público, en Florida Central la cifra es de apenas 42.56 millas, según la Base de Datos Nacional de Tránsito.
Kara Gross, directora legislativa de la ACLU de Florida, también criticó la propuesta. “Hay toda una economía de personas trabajadoras y respetuosas de la ley que no pueden llevar a sus hijos a la escuela o al médico porque no se les permite obtener una licencia de conducir”, denunció.
Por su parte, el gobernador Ron DeSantis defendió la medida, asegurando que es necesaria para la seguridad vial. “Cuando hay un accidente mortal con un conductor ilegal involucrado, muchas veces ya habían sido detenidos antes por conducción errática o en estado de ebriedad”, afirmó. Sin embargo, estudios de la Universidad Internacional de Florida y del Instituto Cato no han encontrado evidencia de que los inmigrantes sin estatus permanente tengan tasas más altas de conducción bajo los efectos del alcohol.
El debate está servido: mientras algunos ven la medida como una estrategia para garantizar la seguridad, otros la consideran un ataque desproporcionado contra comunidades vulnerables.
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