En millones de hogares latinoamericanos, el dinero que llega desde Estados Unidos representa algo más que un simple ingreso: significa la comida, la renta y hasta los medicamentos que permiten sobrevivir. Cada mes, los migrantes convierten su esfuerzo en un salvavidas que sostiene economías enteras, un flujo que en 2024 alcanzó los $160,000 millones.
Una carga que impacta en los bolsillos de los migrantes
El nuevo impuesto a las remesas en efectivo, aprobado dentro de la «One Big Beautiful Bill», entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La medida establece una tarifa del 1% para envíos realizados en efectivo, giros o cheques físicos al extranjero, mientras que las transferencias digitales o bancarias quedarán libres de este recargo, aunque reducido frente al 5% que planteaba la propuesta inicial, obliga a los migrantes a trabajar más para mantener el envío de recursos.
La norma ordena que bancos y empresas de envío retengan el monto y lo reporten directamente al IRS. Con este esquema, las proyecciones oficiales calculan que el gobierno podría captar cerca de $10,000 millones a lo largo de diez años, aunque analistas señalan que muchos migrantes recurrirán a vías electrónicas para evitar el cobro.
El Centro para el Desarrollo Global advierte que el golpe podría sentirse en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde más de una quinta parte del PIB depende de las remesas.
México y Centroamérica en la mira
México sigue siendo el mayor receptor con $65,000 millones, de los cuales 96% proviene de EE.UU. Aunque representa apenas 3.2% de su PIB, el nuevo impuesto podría costarle hasta $1,500 millones anuales, según proyecciones.
En Centroamérica, la dependencia es mucho mayor: Nicaragua recibe 27.6% de su PIB en remesas, Honduras 25.9%, El Salvador 23.5% y Guatemala 19.5%. Solo Guatemala podría perder $225 millones, una cifra que preocupa porque las remesas superan incluso el presupuesto estatal.
Opciones para esquivar el impuesto
La medida grava solo los pagos en efectivo. Las transferencias electrónicas, que ya representan casi la totalidad en el caso de México, quedan exentas. Esto abre la puerta a que los migrantes usen aplicaciones, tarjetas de prepago o incluso criptomonedas para “darle la vuelta” al impuesto. Sin embargo, quienes carecen de acceso al sistema bancario podrían recurrir a familiares o amigos, lo que encarece la operación.
El presidente Donald Trump defendió la medida como parte de su “ley grande y hermosa”, destinada a financiar al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE. Pero los cálculos muestran que, en lugar de recaudar los $26,000 millones prometidos en 10 años, apenas ingresarán $4,600 millones, muy por debajo de los más de $100,000 millones que recibirá ICE en cuatro años.
En medio de redadas, deportaciones y menor disponibilidad de empleo, el nuevo impuesto se convierte en un obstáculo más. Sin embargo, los analistas coinciden en que los envíos no se detendrán: la vida de millones depende de cada dólar que cruce la frontera.
