La incertidumbre sobre la asistencia alimentaria a millones de estadounidenses volvió a intensificarse tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no se pagarán durante el cierre del gobierno, contradiciendo lo presentado por su propia administración ante un tribunal federal un día antes.
El mandatario afirmó en Truth Social que los pagos del SNAP, que benefician a unos 42 millones de ciudadanos, solo se reanudarán cuando “los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno”.
Trump aseguró que los beneficios “se otorgarán únicamente cuando los demócratas reabran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!”. La publicación contradijo el informe oficial que su administración entregó al juez Jack McConnell en Rhode Island, donde se comprometía a cubrir el 50% de los beneficios de noviembre utilizando $4,650 millones de un fondo de contingencia.
El tribunal había ordenado el viernes que el gobierno debía pagar los beneficios “lo antes posible”, incluso explorando otras fuentes de financiamiento federal. Sin embargo, el lunes la administración Trump informó que había rechazado usar al menos $4,000 millones del Programa de Nutrición Infantil para mantener el SNAP completamente financiado.
Los abogados de los demandantes respondieron que la decisión era “arbitraria y caprichosa”, al privar a las familias de una ayuda esencial cuando existen fondos disponibles. “El cambio a pagos parciales en esta fecha tardía causará una demora devastadora”, señalaron. McConnell ordenó a la administración responder antes del miércoles.
El cierre del gobierno, que comenzó el 1 de octubre, ha puesto en el centro del debate la continuidad del SNAP, un programa que históricamente se ha mantenido operativo incluso durante otras paralizaciones federales. La decisión de la administración Trump de suspender o reducir los pagos es vista por muchos como una maniobra política para presionar al Congreso.
El enfrentamiento deja a millones de hogares estadounidenses pendientes de una resolución que determinará si podrán seguir contando con la asistencia alimentaria que, durante décadas, ha servido como uno de los principales pilares de apoyo social en el país.
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