La falta de agua está convirtiéndose en una amenaza económica para Puerto Rico. Comercios enfrentan cierres temporales y gastos adicionales mientras el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio elevó hasta $10,000 su incentivo para pequeñas y medianas empresas afectadas.
Para la licenciada Margaret Ramírez Báez, directora de Asuntos Legales, Gubernamentales y Públicos de Air Flamenco, el problema supera la actual sequía: también evidencia deficiencias estructurales acumuladas durante años.
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¿Por qué la crisis de agua en Puerto Rico está golpeando directamente a los negocios?
Ramírez Báez explicó que Puerto Rico enfrenta “un sistema que no solamente es obsoleto, sino que no ha contado con el mantenimiento que requieren este tipo de sistemas”.
Según un estudio citado durante la entrevista, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados produce alrededor de 513 millones de galones diarios, pero las pérdidas podrían alcanzar aproximadamente 52%. La propia autoridad sostiene que serían inferiores, alrededor de 40%.
“Una empresa que opere de esa manera, pues indudablemente va camino a la quiebra o incluso estaría en quiebra”, afirmó. Para los comerciantes, la emergencia significa comprar agua, hielo, equipos de almacenamiento, bombas y otros sistemas para mantener operaciones. Restaurantes estarían desembolsando entre $500 y $800 cada vez que llenan sus reservas.
El dilema, según Ramírez Báez, es “cerrar, abrir y asumir los costos que genera la falta de agua” o trasladarlos al consumidor. Pero “ciertamente alguien tiene que asumir la pérdida”.
Los incentivos alivian parcialmente esa presión, aunque exigen documentación y requisitos como registro de comerciante y permisos vigentes. El programa Mano Amiga de Turismo también ofrece hasta $10,000, pero una empresa no puede recibir simultáneamente ambas ayudas.
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¿Qué solución necesita Puerto Rico para evitar que la crisis de agua vuelva a repetirse?
Para Ramírez Báez, los incentivos no resuelven el origen del problema. “No podemos atender la crisis de sequía y la crisis en el agua mediante solamente una orden ejecutiva decretando racionamiento”, advirtió.
La respuesta requiere reducir fugas, reforzar el mantenimiento y crear redundancia para evitar que una avería comprometa amplias zonas del sistema.
También considera necesaria la participación empresarial: “Hay una necesidad imperante de que se inserte a la empresa privada en la conversación”, porque finalmente “la empresa privada y el consumidor son los que pagan los platos rotos”.
Su planteamiento incluye modernización tecnológica para controlar mejor la infraestructura. “Puerto Rico está en el 2026 y Puerto Rico tiene que adaptar sus asuntos críticos”, sostuvo.
La emergencia deja así una advertencia mayor: los $10,000 pueden ayudar a determinados comercios a sobrevivir temporalmente, pero sin modernizar una infraestructura que pierde una proporción extraordinaria del agua que produce, cada nueva sequía puede volver a colocar a empresas y consumidores frente al mismo problema.
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