Las grandes cadenas minoristas, como Dollar General, Dollar Tree y Kroger, han implementado tarifas para los clientes que solicitan devolución de efectivo al momento de pagar, lo que ha generado más de $90 millones de dólares en ingresos por ese concepto al año, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
Esta práctica afecta principalmente a comunidades rurales, personas con ingresos bajos y minorías, quienes dependen de estos servicios debido a la falta de acceso a bancos en sus áreas, conocidas como desiertos bancarios.
No todos los minoristas cobran tarifas por este servicio, pero los que lo hacen imponen cargos que varían entre $0.50 y más de $3 por transacción. Cinco de las ocho empresas analizadas por la CFPB, como Albertsons, CVS, Walgreens, Target y Walmart, ofrecen la devolución de efectivo sin costo. Sin embargo, gigantes como Kroger, Dollar General y Dollar Tree han optado por cobrar estas tarifas, lo que, según defensores del consumidor, puede considerarse una explotación de los clientes más vulnerables.
El cobro por la devolución de efectivo es una práctica relativamente reciente. Por ejemplo, en 2019, Kroger comenzó a cobrar $0.50 por devoluciones de hasta $100 y, $3.50 por montos entre $100 y $300. Este cobro se ha extendido a otras marcas del grupo, y en 2024, la cadena Harris Teeter implementó tarifas de $0.75 por montos de hasta $100 y, $3 por cantidades mayores. A pesar de estas tarifas, los retiros de efectivo en tiendas minoristas siguen siendo populares, representando el 17% de las transacciones de efectivo, aunque superados por los cajeros automáticos, que representan el 61%.
Los desiertos bancarios, áreas sin acceso cercano a sucursales bancarias, están en crecimiento, afectando a más de 12 millones de personas en EE.UU. en 2023, un aumento en comparación con 2019. La pandemia aceleró el cierre de sucursales bancarias físicas, lo que ha intensificado la dependencia de las tiendas minoristas para obtener efectivo.
Los defensores del comercio minorista argumentan que estas tarifas son necesarias debido a los costos que los comerciantes deben asumir al procesar transacciones con tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para aliviar las críticas sobre cómo estas tarifas impactan a los consumidores más vulnerables, quienes ya enfrentan limitaciones significativas en el acceso a servicios bancarios convencionales.
