La Corte Suprema autorizó a la administración Trump a reanudar las deportaciones rápidas de ciertos inmigrantes sin notificación previa ni posibilidad de defenderse alegando riesgo de tortura o muerte.
Con este fallo, el tribunal anuló la orden de un juez federal de Massachusetts que había bloqueado la medida impulsada por una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero. La Corte Suprema permitirá que la política se mantenga vigente mientras avanza el proceso de apelación correspondiente.
La respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar. “Enciendan los aviones de deportación”, tuiteó con entusiasmo Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional. En otro mensaje, agregó:
“La administración Biden permitió que millones de inmigrantes indocumentados inundaran nuestro país, y ahora, la administración Trump puede ejercer su autoridad indiscutible para expulsar a estos inmigrantes indocumentados delincuentes y resolver esta pesadilla de seguridad nacional”.
Los tres jueces liberales de la Corte votaron en contra, y la jueza Sonia Sotomayor expresó su rotunda oposición en un escrito mordaz: “No puedo sumarme a un abuso tan grave de la discreción equitativa de la Corte”. Advirtió que “en asuntos de vida o muerte, es mejor proceder con cautela”, y criticó al Gobierno por actuar en sentido opuesto, deportando incluso a personas que, según jueces de inmigración, corrían riesgo de tortura.
Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, calificó la decisión como peligrosa: “Elimina protecciones críticas del debido proceso que han estado protegiendo a los miembros de nuestra clase de la tortura y la muerte”. Sin embargo, afirmó que la lucha continúa y que buscarán “restablecer estas protecciones lo antes posible”.
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