Más de un siglo después de su aprobación, la Ley Jones continúa generando controversia sobre su impacto en la economía de Puerto Rico. Mientras sus defensores sostienen que protege la seguridad nacional y la industria marítima estadounidense, sus críticos argumentan que limita la competencia, encarece el transporte y termina afectando directamente el bolsillo de los consumidores.
Durante una entrevista en el programa Buenos Días Wall Street de Comercio TV, Stephanie Torres, Directora de Operaciones de Movilización de La Iniciativa LIBRE, analizó cómo esta legislación sigue influyendo en los costos de bienes esenciales para la isla.
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¿Por qué la Ley Jones sigue siendo tan polémica?
Torres explicó que la legislación fue aprobada en 1920 con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional y regular el transporte marítimo entre puertos estadounidenses y sus territorios. Sin embargo, considera que las condiciones económicas actuales son muy diferentes a las de hace un siglo.
Según indicó, la ley exige que los barcos utilizados en determinadas rutas sean construidos en Estados Unidos, operados por ciudadanos estadounidenses y controlados mayoritariamente por propietarios estadounidenses. A su juicio, estas restricciones reducen la competencia y elevan los costos logísticos.
“Esta ley a lo mejor en su comienzo tuvo su función de proteger la nación y la seguridad nacional, pero hoy en día las consecuencias son diferentes”, afirmó.
Torres señaló que, en algunos casos, resulta más costoso transportar productos desde puertos estadounidenses hacia Puerto Rico que importarlos desde mercados internacionales, debido a los requisitos establecidos por la ley.
¿Qué cambios podrían ver los consumidores si la ley se reforma?
La representante de La Iniciativa LIBRE considera que una flexibilización de las restricciones podría generar beneficios en sectores como combustible, energía, alimentos y materiales de construcción.
“Todo lo que sea producto que tienen que importar les sale mucho más caro”, explicó al referirse a los efectos que, según su análisis, enfrenta Puerto Rico por las limitaciones actuales del transporte marítimo.
Torres destacó además que la reciente pausa temporal impulsada por la administración Trump ha comenzado a mostrar algunos resultados. “Ya ven por lo menos los costos de combustible un poquito más bajos”, comentó.
La entrevistada cree que existe espacio para una reforma legislativa y señaló que algunos estudios del sector estiman que flexibilizar ciertas restricciones podría liberar miles de millones de dólares adicionales en actividad económica.
“El Congreso debe tomar el liderazgo del presidente Trump y ver cómo se puede extender esto o reformarlo”, afirmó.
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Para Torres, la discusión no debe centrarse únicamente en el transporte marítimo, sino en cómo mejorar la competitividad, ampliar las oportunidades comerciales y reducir costos para las familias y empresas tanto en Puerto Rico como en el resto de Estados Unidos.
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